La Comunidad de Madrid se ve envuelta una vez más en la polémica. Isabel Díaz Ayuso ha bloqueado el acceso público a la información sobre un enorme contrato adjudicado a una empresa vinculada a antiguos alumnos de un prestigioso colegio privado, una decisión que inmediatamente levantó sospechas. La falta de transparencia, el silencio de las autoridades y las preguntas sin respuesta: ¿qué intenta ocultar realmente el gobierno madrileño? El espectro del favoritismo y la posibilidad de un trato preferente vuelve a acechar a Ayuso en medio de las tensiones políticas. ¿Se trata de otro capítulo del «modelo Ayuso», basado en vínculos académicos sospechosamente estrechos con la élite gobernante madrileña?(NQ)

Ayuso bloquea la información sobre el millonario contrato a la empresa de su alumna: “El rodillo es brutal”.

 

 

 

 

La Comunidad de Madrid sigue sin aportar las actas de la Mesa de Contratación.

 

 

 

 

 

 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Real Casa de Correos.

 

 

 

Meses después de su adjudicación, el contrato que el Metro de Madrid -dependiente del Gobierno regional- recibió de Ariete Seguridad, empresa de la exconcejala del PP en Alcorcón y antigua alumna de Isabel Díaz Ayuso, Silvia Cruz, sigue en entredicho.

 

 

 

La diputada de Más Madrid, Marta Lozano, lamentaba vía redes sociales que a fecha de hoy no existen actas de la Mesa de Contratación. ElPlural.com ha querido saber si esto sigue siendo así preguntando directamente a la parlamentaria, y ha recibido una respuesta afirmativa: “Siguen sin estar.

 

 

 

La Mesa es lenta en responder y tiene 30 días hábiles”. Con todo, Lozano afea el “rodillo brutal” al que suele someter la región en materia de transparencia y mantiene el beneficio de la duda: “Ya veremos si las califica”.

 

 

 

Ya veremos si las califica.

 

En comisión, la diputada había recriminado al PP haber contratado otra vez a Ariete, vieja conocida del partido tras haberse llevado numerosas adjudicaciones, pero sobre todo haberlo hecho con una “baja económica temeraria”.

 

 

 

Esta forma de proceder, que tiene que ver con aquellas ofertas que están muy por debajo del resto de las competidoras, podría, además, tal y como explica la política del partido de Más Madrid implicaría que habría trabajadores que cobrarían por debajo de ese convenio.

 

 

 

Esto podría producirse en el sentido de que la región calculó el presupuesto de partida “teniendo en cuenta el convenio estatal que rige el sector”.

 

 

“Si ustedes han acepado una oferta anormalmente baja sin tener en cuenta las valoraciones cualitativas porque Ariete estaba sobre las últimas, solo cabe una respuesta: una gran parte de los trabajadores de Metro van a cobrar por debajo de lo que marca el sector, mismo motivo por el que Ariete fue denunciada y sentenciada en el Tribunal Supremo”, indicaba.

 

 

 

En la misma comparecencia, Lozano criticaba que el PP “miente”. “Nos lee los pliegos que es lo que hacen siempre (…) Los contratos en vigilancia siempre se han adjudicado por el criterio económico, salvo en 2019, el único bien valorado”, decía en un primer momento; para añadir después.

 

 

 

“Ustedes mismos reconocen en la memoria del proceso de contratación que el resto fueron un desastre”.

 

 

 

En lo que respecta a la Transparencia, ya hace cosa de un mes algunos ciudadanos intentaron pedir información a la Comunidad de Madrid sobre el informe económico que justificara el precio -pese a no ser la que mejor puntuación obtiene y ofrecer un precio irrisorio, sin obtener respuesta.

 

 

 

El montante de la adjudicación de este contrato, presuntamente para la seguridad aunque en la práctica incumplía el contrato- fue de 66.158.116,09 -con impuestos- y de 54.676.129 euros -sin impuestos-, si bien solamente una parte de ella se corresponde con Ariete; el lote 1 -recintos-.

 

 

En su caso, el importe de adjudicación fue superior a los 38 millones de euros -31.658.067,83 sin impuestos-.

 

 

 

La explicación que daban entonces desde el suburbano es que la petición “contiene datos relevantes sobre estrategia comercial, costes internos, capacidad de competir en el mercado, etc”, por lo que la información, en caso de recaer sobre un tercero, podría suponer un “riesgo evidente” para la firma “superior al perjuicio que genera para el solicitante el no darle acceso al documento requerido”.

 

 

 

Más contratos a Ariete Seguridad.

 

 

El Gobierno de la Comunidad de Madrid concedió 41.256.793,24 euros mediante adjudicaciones solo hasta el año 2024. 975.138,81 euros mediante modificaciones de contratos y 30.498.668,97 euros mediante prórrogas de contratos públicos.

 

 

En esta misma línea, el número total de contratos, 155 fueron menores y se ejecutaron por el conocido como procedimiento de urgencia, es decir sin acudir a concurso público.

 

 

 

El hospital Zendal ha sido uno de los centros sanitarios donde ha prestado servicio, pero no ha sido el único (también ha actuado en el hospital Clínico San Carlos, el Infanta Leonor, el Puerta de Hierro de Majadahonda, el Gregorio Marañón, el Ramón y Cajal o La Princesa) aunque donde habitualmente opera la compañía de Cruz ha operado normalmente en el sector educativo.

 

 

 

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