El Gobierno contesta a la última medida de Ayuso en financiación universitaria: “Política de asfixia financiera”.
El Ejecutivo de Sol ha avanzado que impulsará diez millones de euros adicionales anuales a las universidades públicas en función de la financiación por objetivos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al Consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana Duro, visita el Centro Integrado de Formación Profesional Simone Ortega de Móstoles.
El modelo universitario de la Comunidad de Madrid continúa construyendo un choque directo con el estatal. Este lunes, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha avanzado un paquete de diez millones de euros anuales y adicionales destinados a que los centros universitarios públicos cumplan medidas específicas en la región.
Una medida que se suma a la reciente impugnación del Ejecutivo de la Puerta del Sol al decreto de Moncloa que limita la creación de universidades privadas.
Con este telón de fondo, la respuesta del Ejecutivo central no se ha hecho de esperar. Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de Diana Morant ha señalado los puntos que chocan frontalmente con el decreto estatal en referencia a la próxima ley de universidades madrileña que prepara el despacho de Ayuso.
“Madrid está entre las comunidades con peor financiación universitaria por estudiante, situándose más de 20 puntos por debajo de la media española”, comienzan señalando estas fuentes.
Siguiendo las pautas de la nueva normativa autonómica, en la que reza una imposición a las universidades para captar, al menos, un 30% de sus fondos de fuentes externas, el Ministerio añade que este es un modelo que “erosiona” la institución universitaria madrileña, además de que “favorece la dependencia de capital privado y vulnera el carácter público de la universidad”.
Desde 2018, año en el que el presidente Pedro Sánchez llegó a Moncloa, añaden desde el despacho de Morant que se ha incrementado “en más de un 50% las transferencias a las comunidades autónomas respecto a la etapa anterior”, con la expectativa latente de que esta inversión “repercuta en servicios públicos esenciales como la universidad o la sanidad”.
No obstante, señalizan que en el caso de Madrid “ese esfuerzo no se ha traducido en una mejora de la financiación universitaria”.
Estas mismas fuentes de Ciencia y Universidades reiteran que el modelo universitario de Díaz Ayuso que ha aplicado en su mandato es de “una política de asfixia financiera a las universidades públicas y, ahora, ofrece un rescate condicionado a recortes de gasto y cumplimiento de objetivos”, apuntan en cuanto al último anuncio de Sol en la materia.
El Gobierno de Ayuso dará diez millones adicionales a la financiación por objetivos.
El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de Madrid, Emilio Viciana, ha dado cuenta este lunes de las cuestiones más destacadas en la comunidad educativa en la región, especialmente la universitaria y la referente al borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que pronto entrará en vigor.
Esta normativa se aplicará a los seis centros públicos: Universidad Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá de Henares, Carlos III y Rey Juan Carlos.
Sobre ellas, el consejero ha avanzado un punto de relevancia en cuanto a su financiación por objetivos adicional de diez millones de euros más, conformando así este nuevo modelo de enseñanza universitaria que se sumará a la básica.
La cuantía anual señalada se “podrá repartir entre las seis instituciones cuando estas acrediten determinados logros relacionados con su actividad académica o investigadora”, precisa el Ejecutivo de Sol.
Según el borrador, algunos de estos objetivos contemplan “la realización de programas de investigación y atracción de profesores de excelencia de otras regiones y países” o “el incentivo de la oferta de títulos y cursos relacionados con las humanidades y los sectores estratégicos de la región”.
Esta nueva iniciativa se suma a la reciente decisión del Gobierno de Ayuso de impugnar la medida estatal de limitar la creación de centros universitarios privados -cuando en Madrid hay 14- en aras de fortalecer la pública debido a que desde Madrid consideran que se conforma como “un ataque contra la iniciativa privada, la libertad de cátedra, de empresa y de educación”, avanzando así que se opondrán “con todas las herramientas legales”.
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