El alcalde acusa al Gobierno de maniobra política con la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática.
José Luis Martínez Almeida, en el I Foro de Movilidad Aérea Urbana a 20 de octubre de 2025
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez de “llevar a cabo una operación de carácter netamente político” tras declarar la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, como Lugar de Memoria Democrática.
Una decisión que, a su juicio, “no tiene sentido desde el punto de vista histórico” y que responde al empeño del Gobierno en seguir abonando “la tesis del enfrentamiento y no la de la reconciliación”.
Según el alcalde, la decisión de Moncloa ignora lo que la propia Real Academia de la Historia ha señalado: que el edificio tiene una historia “mucho más rica y fecunda” que la etapa en la que albergó la Dirección General de Seguridad “durante la dictadura”.
Para Almeida, reducir su valor histórico a este periodo concreto es “ignorar la historia previa y posterior” de un edificio que hoy representa “la sede de todos los madrileños”.
Más contundente, Almeida ha rechazado cualquier tipo de lección sobre “la Guerra Civil” por parte de aquellos que “reivindican la memoria de Largo Caballero”.
Así, ha recordado que Largo Caballero “fue un golpista, un antidemócrata, alguien que propugnó el uso de la violencia, acabar con la democracia en España y tomar el poder desde las armas y la revolución”.
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En este sentido, el alcalde ha reprochado al PSOE que “reivindique la memoria de una persona que no tenía valores democráticos algunos” y que incluso “pegó un golpe de Estado sin mostrar arrepentimiento por los crímenes cometidos en la zona republicana mientras era presidente del Gobierno”.
“El PSOE no me da ninguna lección de memoria”, ha insistido, antes de reclamar que los socialistas “aprendan la lección de reconciliación que supuso la Transición” en lugar de “tratar de reventarla y romper el modelo constitucional de convivencia” actual.
El Boletín Oficial del Estado publicaba este miércoles la declaración del edificio como lugar de memoria por haber sido durante la dictadura, según los socialistas, sede de interrogatorios y “torturas a personas que perdieron la vida”.
Por su parte, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado un recurso ante la Audiencia Nacional al considerar que la decisión supone una invasión de competencias autonómicas.
