La Policía Nacional detiene a 30 personas tras detectar “un patrón sistemático de abandono deliberado de menores por parte de sus progenitores”.
Comisaría ubicada en la Zona Franca de Barcelona.
El Cuerpo Nacional de Policía ha desarticulado una trama que se dedicaba a beneficiarse del sistema de protección social a través del abandono deliberado de menores en las inmediaciones de comisarías y organismos públicos.
Además de lograr que se activaran los protocolos de atención a los menores desamparados, se facilitaba la adquisición de permisos de residencia y los procesos de reunificación familiar.
Los hechos han tenido lugar en Tarragona, donde la Policía Nacional ha detenido a 30 personas de origen extranjero que habrían defraudado 1.589.747,31 de euros a la Seguridad Social en concepto de gastos ocasionados por la atención de las víctimas mientras estuvieron bajo la tutela de la Generalidad.
Según el relato policial, las familias, procedentes de Marruecos y Argelia en su mayoría, entraban en España con un visado de turismo que les permitía moverse por la Unión Europea durante un plazo de tres meses.
Los niños y adolescentes eran aleccionados para declararse en situación de desamparo y quedar bajo custodia y tutela de la Administración.
Dos tipologías familiares
Algunas familias (con ingresos medios e incluso altos) regresaban a sus países tras dejar a sus hijos a cargo de la Generalidad y después volvían para tener citas programadas con ellos.
En otros casos, los padres permanecían en España en situación irregular y sólo mantenían contacto telefónico con sus hijos.
Además de los 30 detenidos, 22 menores han sido devueltos a sus familias al considerarse que no están en situación de vulnerabilidad.
La Policía Nacional ha localizado 124 casos de niños que habrían sido utilizados por sus padres de la misma manera.
La investigación comenzó en noviembre de 2023 a cargo de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional, que contó con la colaboración de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalidad.
La tétrica historia de la atención a la infancia
La violación de una niña de 12 años bajo custodia de la Generalidad y la denuncia de un trabajador social sobre toda clase de ilegalidades e irregularidades económicas en la atención a los menores no acompañados puso en la diana a la DGAIA.
Algunas de las fundaciones que se hacen cargo de estos niños y adolescentes fueron señaladas por la Sindicatura de Cuentas de la propia Generalidad y la Oficina Antifraude.
La Sindicatura de Cuentas destapó toda clase de irregularidades económicas entre los años 2016 y 2020, siendo presidentes de la Generalidad Carles Puigdemont y Quim Torra y consejeros de Derechos Sociales Dolors Bassa, de ERC, y Chakir El Homrani, también del partido de Oriol Junqueras.
Un informe de la Sindicatura indicaba que durante esos años se adjudicaron contratos sin proceso de licitación a una serie de fundaciones agrupadas en una denominada “Plataforma Educativa”, algunos de cuyos responsables han sido consejeros, diputados y concejales de ERC.
A esos contratos concedidos por procedimientos de urgencia que no eran de aplicación se habrían destinado al menos 98 millones de euros en los cuatro años de la auditoría de la Sindicatura, dinero que en gran parte fue a parar a las fundaciones de los directivos relacionados con ERC.
A eso hay que añadir prórrogas automáticas (e ilegales) de contratos por un monto de 86 millones de euros.
El responsable de la DGAIA en aquel periodo dimitió y volvió a su cargo en una de las fundaciones investigadas, la Fundación Resilis.
Otra fundación llamada FASI destinó dinero traspasado por la DGAIA a alquilar pisos a través de una inmobiliaria que había comprado la misma fundación.
Según la Sindicatura de Cuentas, entre 2012 y 2015, FASI pagó 1,5 milllones de euros en alquileres de pisos para menores a su propia inmobiliaria.
En algunos casos se pagaban entre 3.000 y 5.000 euros al mes por pisos en los que estaban acogidos menores en riesgo.
Al frente de esta fundación figura un exalcalde y exvicepresidente de la Diputación de Gerona por Convergència.
También se investigan los pagos por plazas fantasma, es decir plazas vacías pero que se dotaban económicamente como si las ocupara un menor.
Además se detectaron casos de extutelados que seguían cobrando, en este caso por errores administrativos, de la Generalidad aunque ya habían conseguido emanciparse y disponían de ingresos propios.
Cambio cosmético
El caso del abandono de menores por parte de sus progenitores es el primero en el que no está implicada la propia administración.
Para tratar de sofocar todos estos escándalos, la Generalidad de Illa, que tiene en ERC su principal sostén parlamentario, se limitó a cambiar el nombre de la DGAIA, que ahora es DGPPIA, dirección general de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia.
