Silvia Intxaurrondo —de ser uno de los rostros más reconocibles de RTVE— se ha convertido ahora en el centro de una tormenta legal que amenaza con sacudir los cimientos de la televisión pública española. Detrás del silencio aparente se esconden reuniones a puerta cerrada, tensiones internas y una creciente ola de descontento entre los principales presentadores de la cadena. Algunos aseguran que Silvia fue “forzada” a firmar un contrato injusto, mientras que otros creen que esto podría ser el inicio de una rebelión silenciosa dentro de RTVE. ¿Estamos ante un caso de desigualdad profesional… o frente a una estrategia calculada para exponer las sombras del sistema desde dentro? Sea cual sea la verdad, algo se está moviendo —y nada volverá a ser igual en RTVE|Th

Cuando ‘La Hora de La 1’ pasó a ser producción propia de RTVE, Intxaurrondo siguió en el programa como externa a través de su empresa, Sukun Comunicación S.L.

Tras una inspección de Trabajo en 2023, se determinó que su contrato mercantil era irregular y RTVE tuvo que darle de alta como trabajadora en plantilla, con un nuevo contrato de «personal no fijo» y un salario mucho menor, acorde al convenio (unos 45.000 euros anuales más pluses)


Silvia Intxaurrondo, presentadora de ‘La hora de La 1’ RTVE

Silvia Intxaurrondo ha presentado una demanda contra RTVE con la asistencia de un despacho especializado en Derecho Laboral, en respuesta a lo que considera sus «nuevas condiciones laborales» impuestas por la Corporación.

Tal y como adelantó El Mundo y ha podido confirmar ABC, la denuncia fue registrada hace una semana y RTVE la recibió el pasado martes por la tarde. El juicio está previsto para celebrarse en primavera.

Mientras tanto, Intxaurrondo continúa al frente de La Hora de La 1, que mantiene el liderazgo en su franja matinal.

Clara Mollá

Hace algo más de dos años, cuando ‘La Hora de La 1’ pasó a ser producción propia de RTVE, Silvia Intxaurrondo continuó en el programa como profesional externa a través de su empresa, Sukun Comunicación S.L., percibiendo hasta 269.000 euros anuales, según datos publicados por RTVE y el Portal de Transparencia.

En 2023, una inspección de Trabajo abrió una investigación por posible irregularidad en su contrato mercantil.

Tras determinar que debía estar dada de alta como trabajadora de RTVE, la Corporación tuvo que ofrecerle un nuevo contrato como «personal no fijo», con un salario acorde al convenio (unos 45.000 euros anuales más pluses), muy inferior al anterior, algo que en principio ya fue advertido por la misma Corporación a la presentadora ya que tenía que estar sujeta al convenio colectivo.

Además de la pérdida económica, Intxaurrondo perdió beneficios como los desplazamientos o la autonomía total en el contenido del programa.

En ese acuerdo, Intxaurrondo podía decidir de forma autónoma el contenido de sus intervenciones, mientras que ahora debe seguir el Código Ético y el Manual de Estilo de RTVE.

Estas diferencias en sueldo y condiciones son las que la han llevado a demandar a RTVE, reclamando mantener su nivel retributivo y lograr mayor estabilidad laboral.

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La voz de los sindicatos

ABC ha hablado con los sindicatos, y USO RTVE ha recordado a través de un comunicado que «la Inspección de Trabajo ya había intervenido tras una denuncia anónima al detectar una relación laboral encubierta bajo una contratación externa», un modelo que, según denuncian, vulnera «vulnera los principios de acceso al empleo público y los mecanismos de control interno previstos en la normativa del sector público estatal».

USO subraya que RTVE se vio obligada a regularizar la situación de la periodista y aprovecha para denunciar lo que considera un agravio comparativo dentro de la empresa pública.

«Mientras la plantilla sufre años de pérdida de poder adquisitivo, algunos perfiles mediáticos disfrutan de condiciones excepcionales, ajenas al convenio y a las tablas salariales vigentes», señala el comunicado, criticando lo que define como una «doble vara de medir».

El sindicato también advierte de que «cualquier intento de retribuir por encima de esos límites rompe la igualdad y la credibilidad de RTVE como servicio público»* y reclama poner fin a la «cultura del privilegio», apelando a que se refuerce un modelo laboral basado en «el mérito, la transparencia y el cumplimiento estricto del convenio colectivo».

USO recuerda que «RTVE pertenece a todos los ciudadanos» y que «ningún nombre propio, por conocido que sea, está por encima de la ley, del convenio ni del respeto a los trabajadores que sostienen el servicio público».

Además, critica que, mientras se mantienen abiertas oposiciones para redactores con cientos de aspirantes cualificados, «algunos nombres mediáticos están cobrando cifras que multiplican por mucho el salario de los trabajadores de plantilla».

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