El juez Peinado investigó una denuncia por las residencias de Ayuso que terminó archivada.
El juzgado de Instrucción número 41 concluyó que “no ha quedado acreditada la comisión de ilícito penal alguno” sobre un caso relacionado con los ‘protocolos de la vergüenza’.
El juez Juan Carlos Peinado investigó una denuncia contra los conocidos como protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid, los documentos rubricados por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso al inicio de la pandemia del Covid y que impidieron el traslado de personas mayores que vivían en residencias a hospitales.
Tal y como ha podido saber ElPlural.com, una de las denuncias por los protocolos mencionados recayó en el Juzgado de Instrucción número 41, el del mismo magistrado que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
Este periódico ha tenido acceso a los textos que certifican la demanda, así como al auto de sobreseimiento, pero se reserva datos personales por respeto a la persona afectada y su familia.
El caso, al igual que otros que han recaído a lo largo de todos estos años en otros juzgados, se terminó archivando al entenderse que “no quedaba acreditada la comisión de ilícito penal alguno” y que “se adoptaron” en el geriátrico “las medidas que procedían”.
“No puede reprocharse a la actuación del investigado nada, no ha incurrido en una acción u omisión negligente, teniendo en cuenta que la que la imprudencia no es sino la comisión de un resultado atípico y previsible que se hubiera evitado de haber sido adoptada la diligencia debida, requiriendo asimismo un nexo causal entre la acción u omisión y el resultado que en este caso no se ha producido (…).
Y la pandemia por el Covid 19 fue algo excepcional, imprevisible y que sorprendió a toda la sociedad incluso a los servicios sanitarios más especializados, viéndose diferente en sus inicios (febrero/marzo de 2020), que es cuando ocurrieron los hechos”.
Así, el auto concluye que los hechos no incurren en el delito solicitado por la parte denunciante -de homicidio imprudente-, ni en un delito de omisión de socorro”.
El sobreseimiento de la causa aparece firmado por Carlos Valle, sustituto del magistrado.
Esto no es extraño, ya que, según ha podido comprobar este periódico, es habitual que cuando un profesional se encuentra de permiso o vacaciones, la persona que lo sustituye firme resoluciones, aunque normalmente son de mero trámite.
Dicho detalle es importante porque el tema que corresponde a estas líneas es trascendente, por lo que no deja de llamar la atención el ‘traspaso’ de la firma. Sea como fuere, el caso terminó archivándose.
Víctimas de residencias explican que las querellas se repartieron por todos los juzgados de Madrid en función de dónde se encontraba el centro y comparan situaciones: “Ha hecho una investigación prospectiva a Begoña Gómez y, sin embargo, los casos de geriátricos que cayeron en su juzgado no se sometieron precisamente a una investigación exhaustiva, sino que se cumplieron unas diligencias muy básicas y se archivaron sin investigación alguna (…) La Justicia está dejando bastante que desear, pero vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar”.
El sustituto de Peinado.
La Abogacía del Estado llevaba ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en septiembre del año pasado a los dos jueces que aparecen en el presente artículo por dos resoluciones: una providencia por la que se citó al Jefe del Ejecutivo y una providencia por la que se rechazó que declarase por escrito.
Estos hechos se remontaban a unos meses antes, cuando Sánchez se acogió a su derecho a no declarar contra su mujer ante Peinado por presunto tráfico de influencias.
Inmediatamente, el presidente del Gobierno interpuso una querella ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJM contra el magistrado en la que solicitaba la investigación sobre éste al considerar que dictó “a sabiendas” varias resoluciones “injustas” que actuaban en contra de la norma, dado que atendían a “convicciones propias” que “se apartan de su deber investigador”.
A renglón seguido, el secretario general de los socialistas defendió la querella porque a su parecer se habían “atropellado derechos” que estaban reconocidos en la institución de la Presidencia del Gobierno desde 1886.
Asimismo, la propia Gómez se querelló por presunta prevaricación contra el juez considerando sus decisiones “arbitrariamente injustas”.
La defensa de la esposa del presidente pidió al Tribunal que investigara al magistrado por presuntos delitos de prevaricación, revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y revelación de secretos por funcionario púbico.
Un año después de la macrodenuncia.
En lo que respecta a las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, las distintas plataformas que persiguen justicia siguen explorando caminos para conseguirla.
Esta misma semana se cumplía un año desde que 115 familiares de 72 residencias presentaran una macrodenuncia por la gestión de la región madrileña.
En otro orden de cosas, pero sobre el mismo asunto, diferentes familias encontraban una nueva traba al impedir el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid unificar en una sola causa las investigaciones relacionadas con lo ocurrido en los geriátricos madrileños en marzo de 2020.
Por el momento, nombres clave en aquellos días como Carlos Mur de Víu y Francisco Javier Martínez Peromingo, exaltos cargos del gobierno de Ayuso y el firmante de los protocolos de la vergüenza, se encuentran imputados.
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