Libre Mercado accede a una carta que denuncia que la Agencia Tributaria guarda datos fiscales de ciudadanos de Estados Unidos en servidores de Huawei.
María Jesús Montero, vicepresidenta general del PSOE y ministra de Hacienda.
Libre Mercado ha tenido acceso a la carta remitida por el despacho internacional Amsterdam & Partners al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la que se alerta de que la Agencia Tributaria española estaría almacenando datos fiscales de contribuyentes norteamericanos en servidores de Huawei, empresa vetada tanto por Washington como por Bruselas en sistemas sensibles por motivos de seguridad nacional.
La misiva, firmada por el abogado internacional Robert R.
Amsterdam y dirigida a Rebecca Burch y Kevin Salinger —dos altos cargos responsables de política fiscal internacional en el Tesoro estadounidense— reitera las preocupaciones planteadas en una reunión mantenida el pasado 12 de septiembre con la Administración norteamericana y solicita medidas inmediatas para garantizar la protección de los datos de ciudadanos estadounidenses en España.
Según la carta, la información fiscal compartida por Estados Unidos con España bajo el convenio bilateral para evitar la doble imposición podría estar siendo almacenada en servidores de Huawei controlados por la Agencia Tributaria española.
“Ambos países han prohibido el uso de servidores Huawei en sus jurisdicciones por preocupaciones expresas sobre privacidad y seguridad de los datos”,
señala el documento, subrayando que la tecnología de la firma china albergaría “información personal y confidencial de contribuyentes, empresas e individuos que presentan declaraciones o mantienen relaciones con la Agencia Tributaria, incluidos ciudadanos estadounidenses residentes en España”.

La carta recuerda al Tesoro estadounidense que el tratado bilateral España-EEUU en materia de información fiscal obliga a proteger como “secreto” la información intercambiada y advierte de que, si existe sospecha de incumplimiento por parte de España, Washington está facultado para suspender el flujo de información fiscal hasta obtener garantías suficientes.
El despacho cita tanto la explicación técnica del Tesoro como los comentarios del modelo de convenio fiscal de la OCDE, según los cuales la cooperación tributaria solo es posible si ambas administraciones garantizan la confidencialidad.

Amsterdam solicita formalmente que Estados Unidos “pause” el intercambio de información fiscal con España mientras se verifica el cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad por parte de la Agencia Tributaria, y plantea que, si se confirmaran las irregularidades, el Gobierno norteamericano adopte las medidas necesarias para proteger los datos de sus ciudadanos hasta que España garantice el cumplimiento del tratado.
La carta menciona también una reciente advertencia de congresistas estadounidenses que pidieron a los servicios de inteligencia limitar la información compartida con el Gobierno español.
El envío de esta comunicación se produce en plena escalada de la ofensiva internacional contra los métodos de la Agencia Tributaria.
Amsterdam afirma haber documentado ya cientos de casos de contribuyentes extranjeros afectados por prácticas que considera abusivas y sostiene que España podría estar vulnerando estándares internacionales de protección de datos, debido proceso y presunción de inocencia.
Su estrategia se centra ahora en trasladar el conflicto a las instituciones federales estadounidenses y europeas, así como a grandes inversores internacionales.
El despacho concluye su carta subrayando que proteger la información fiscal de ciudadanos estadounidenses es una obligación legal y estratégica para Washington, y exige que España proporcione explicaciones y garantías “claras y verificables”.