Un nuevo episodio se suma a la larga disputa legal entre España y diversos inversores internacionales vinculados al sector de las energías renovables.
Esta vez, la atención vuelve a dirigirse hacia Estados Unidos, donde la Corte de Distrito de Columbia ha confirmado un laudo favorable a la compañía 9Ren Holding, con sede en Luxemburgo, que exige una compensación económica tras la modificación del marco regulatorio español en el ámbito energético.
9Ren Holding, que destinó más de 200 millones de euros a proyectos solares en nuestro país, acudió a los mecanismos de arbitraje internacional amparándose en el Tratado de la Carta de la Energía.
Según la empresa, sus inversiones se realizaron bajo unas condiciones normativas y fiscales que después fueron modificadas, alterando el equilibrio previsto en el momento de la inversión.
Como consecuencia, la compañía reclamó una compensación y obtuvo un laudo favorable en 2019.
Sin embargo, el proceso no terminó allí, ya que el caso pasó posteriormente a los tribunales estadounidenses para su reconocimiento y ejecución.
El tribunal de Washington ha determinado ahora que España deberá hacer efectiva una compensación que asciende a 44 millones de euros, cifra que incluye tanto el importe inicial como los intereses acumulados durante los años de tramitación.
Este fallo se convierte en el séptimo consecutivo que reconoce indemnizaciones a favor de compañías extranjeras en la jurisdicción estadounidense en casos similares.
Así, el monto total de indemnizaciones reconocidas y pendientes de ejecución en Estados Unidos asciende ya a 688 millones de euros.
En la lista figuran compañías como Cube, Watkins, Antin, RREEF, InfraRed o NextEra, todas ellas relacionadas con inversiones en energía renovable en España.
Los tribunales norteamericanos han dado validez a las decisiones arbitrales previas y han abierto la puerta a que las empresas puedan solicitar medidas para hacer efectivos sus créditos, lo que incluiría, si fuese necesario, la localización y eventual embargo de activos del Estado español en territorio estadounidense.
Sin embargo, Estados Unidos no es el único escenario donde se desarrolla esta situación.
Tribunales de otros países, como Australia, Bélgica y Reino Unido, también han autorizado medidas de ejecución relacionadas con casos similares.
Esto demuestra que el conflicto tiene una dimensión global y no puede considerarse un asunto aislado o limitado a una única jurisdicción.
El conjunto de indemnizaciones firmes relacionadas con estos casos asciende actualmente a más de 1.754 millones de euros.
Si a ello se añaden los intereses de demora y los costes judiciales vinculados a los procedimientos, la cuantía total supera los 2.179 millones.
Las cifras muestran que la situación sigue creciendo con el paso de los meses y que aún pueden sumarse nuevos fallos, ya que quedan procedimientos abiertos en distintas instancias.
En este contexto, algunas compañías han expresado su disposición a alcanzar acuerdos negociados para poner fin a los litigios.
Un ejemplo reciente fue la resolución alcanzada con la empresa japonesa JGC, que permitió cerrar el conflicto mediante un acuerdo entre las partes. Algunos expertos consideran que esta vía podría ayudar a reducir la tensión internacional y mitigar el impacto reputacional para España como destino de inversión.
Por otro lado, dentro del ámbito económico y financiero, varias voces han apuntado que prolongar esta situación puede implicar un coste aún mayor.
A medida que se retrasan los pagos, los intereses continúan incrementándose, lo que supone un impacto adicional para las cuentas públicas.
Además, las decisiones judiciales que permiten avanzar en medidas de ejecución generan incertidumbre respecto al patrimonio exterior del país.
Los analistas subrayan que lo que está en juego no es únicamente una cuestión financiera, sino también la percepción internacional sobre la estabilidad y previsibilidad del marco regulatorio español.
La seguridad jurídica es un factor clave para atraer inversiones, especialmente en sectores estratégicos como el energético, donde los proyectos requieren grandes cantidades de capital y una planificación a largo plazo.
Por todo ello, se espera que en los próximos meses continúe el debate sobre la mejor manera de abordar esta situación.
Entre las opciones que se contemplan figuran acuerdos negociados, modificaciones legales y estrategias de defensa en tribunales internacionales.
Lo que parece claro es que este asunto seguirá presente en la agenda económica y jurídica de España durante un tiempo, y que su resolución final tendrá implicaciones tanto nacionales como internacionales.
