Algo se ha movido en silencio… y ahora sale a la luz. El juez Peinado ha dado un paso que pocos esperaban. Un giro que reabre preguntas, tensiones y miradas hacia lo más alto. Según las últimas diligencias, no solo se amplían las investigaciones: se señala ahora a otro alto cargo vinculado a Moncloa, lo que eleva la temperatura política y mediática al máximo. Pero lo más llamativo no es eso. Lo realmente revelador es lo que el magistrado ha solicitado. Agendas. Correos internos. Y registros completos de viajes oficiales y privados. Todo relacionado con Begoña Gómez y Cristina Álvarez. No se trata de acusaciones concluidas. No hay veredictos. Pero sí preguntas sin responder… aún. La sensación en Madrid es clara: Se ha abierto una fase nueva, más profunda, más delicada, más incómoda. En los pasillos se escucha lo mismo: “Si estas agendas hablan… ¿qué van a contar?” Silencio. Expectación. Y una idea que empieza a extenderse: No estamos ante un trámite. Estamos ante una pieza que podría cambiar la lectura del caso. La historia continúa. Pero ahora, la siguiente página no será como las anteriores. Y nadie sabe quién la controla. Ni cómo termina|TH

Un nuevo giro en la investigación que afecta a Begoña Gómez ha reavivado el interés mediático y político alrededor del Palacio de La Moncloa.

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado un auto en el que rechaza el archivo de la causa, decisión que había sido solicitada tanto por las defensas de los investigados como por la Fiscalía.

Con este movimiento, el magistrado impulsa nuevas diligencias y amplía el alcance de la investigación, señalando que aún existen cuestiones que deben ser esclarecidas.

La causa se centra en examinar si existieron actuaciones que pudieran implicar un uso inadecuado de influencias o recursos en el entorno de la esposa del presidente del Gobierno.

Aunque no se ha determinado responsabilidad penal, el juez considera que aún no se dan las condiciones para cerrar el procedimiento y que resulta necesario continuar recabando documentación y declaraciones.

Entre las personas citadas en el auto aparecen, además de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, asesora en la Presidencia del Gobierno, y el empresario Juan Carlos Barrabés, con quien, según la investigación, habría mantenido colaboración en determinados proyectos universitarios y empresariales.

El juez también rechaza la petición de archivo respecto a ellos, lo que indica que su papel en los hechos todavía será objeto de análisis.

Uno de los puntos destacados del auto es la solicitud dirigida a La Moncloa para entregar las agendas oficiales, registros de viajes y correos electrónicos relacionados con Gómez y Álvarez.

El objetivo declarado es verificar si determinados desplazamientos y reuniones respondían a actividades de carácter personal, institucional o profesional.

La información será analizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Además, se solicita a diversas empresas y entidades el envío de comunicaciones internas —correos, mensajes o documentación— en las que figure la asesora presidencial.

Con esta diligencia, el juzgado pretende reconstruir el contexto de los contactos, identificar la finalidad de los mismos y determinar si las actuaciones guardan relación con la actividad pública o privada de las investigadas.

Otro aspecto relevante es la citación como investigada de Judit Alexandra González, secretaria general de la Presidencia del Gobierno.

La comparecencia, prevista para el 12 de noviembre, tiene como finalidad informarle de los hechos que se analizan y escuchar su declaración.

El auto señala que el examen de su papel es necesario para clarificar si desde posiciones administrativas se pudo o no haber supervisado adecuadamente la actividad de la asesora.

El magistrado también solicita los pasaportes de Gómez y Álvarez para contrastar datos de viajes internacionales, fechas y coincidencias, así como información completa sobre los desplazamientos financiados con fondos públicos en los que haya participado la asesora.

El objetivo declarado es contribuir a una reconstrucción precisa de los hechos.

Por otro lado, el juez descarta volver a citar al presidente del Gobierno.

Considera que su comparecencia como testigo no aportaría nuevos elementos, dado que ya se acogió en su momento al derecho legal de no declarar por su relación con la investigada.

Del mismo modo, rechaza llamar nuevamente al ministro Félix Bolaños, al entender que su declaración previa fue suficiente.

El procedimiento continuará ahora con una nueva ronda de testimonios, prevista para noviembre.

Entre los convocados se encuentran empresarios y colaboradores que habrían participado en reuniones o proyectos vinculados a la actividad profesional de Gómez.

Por el momento, la causa permanece abierta y se encuentra en una fase en la que la recopilación de información documental será clave.

Las conclusiones finales dependerán del análisis de los datos que ahora se incorporarán al expediente.

Mientras tanto, el debate público continúa: algunos sectores sostienen que se trata de una investigación necesaria para garantizar la transparencia institucional, mientras que otros la interpretan como una polémica de carácter político.

Lo cierto es que el proceso avanza y las próximas semanas serán determinantes para comprender el alcance real de los hechos examinados.

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