La Audiencia de Madrid confirma el procesamiento de González Amador: se sentará en el banquillo por fraude fiscal y falsedad documental.
El novio de Ayuso tendrá que ir a juicio como acusado de cometer ambos delitos después de que la Audiencia Provincial rechazara los dos recursos interpuestos por su defensa. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden para él hasta 3 años y 9 meses de prisión.
La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado este viernes el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental.
Con esta decisión, el empresario deberá sentarse en el banquillo de los acusados, después de que los magistrados rechazaran los dos recursos interpuestos por su defensa, según han confirmado fuentes judiciales a El País y El.
La resolución supone un paso definitivo en un caso que ha perseguido mediáticamente a la pareja de la líder popular desde que en 2022 salieran a la luz las primeras informaciones sobre el supuesto fraude a Hacienda.
La Audiencia considera que la fase de instrucción ha concluido de manera correcta y desestima las alegaciones de vulneración de derechos fundamentales que había planteado la defensa de González Amador, quien sostenía que se le había negado la posibilidad de practicar las diligencias de investigación solicitadas “en tiempo y forma”.
Los magistrados, sin embargo, respaldan la actuación de la jueza instructora, Carmen Rodríguez-Medel, y avalan la continuidad del proceso penal que lo llevará a juicio.
Esta decisión judicial afecta también a cuatro de sus presuntos colaboradores: Maximiliano Niederer, David Herrera Lobato y los hermanos José Antonio y Agustín Carrillo Saborido, todos ellos procesados por su presunta participación en la trama de facturas falsas que permitió defraudar, según la Agencia Tributaria, más de 350.000 euros.
El contexto del caso y la posición de la Fiscalía.
El origen de esta investigación se remonta a mayo de 2022, cuando la Agencia Tributaria detectó irregularidades en las declaraciones fiscales de dos sociedades vinculadas a González Amador.
Según los informes de Hacienda, entre 2020 y 2021 el empresario habría presentado 15 facturas falsas para justificar gastos inexistentes y reducir así su carga tributaria, defraudando al erario público un total de 350.910 euros.
En su acusación, la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan una pena conjunta de 3 años y 9 meses de prisión para González Amador, además de una multa económica proporcional al dinero presuntamente defraudado.
Los representantes del Ministerio Público sostienen que existen pruebas suficientes para demostrar que el acusado actuó de manera consciente y premeditada para eludir sus obligaciones fiscales.
Por su parte, la defensa del empresario ha mantenido desde el inicio que el proceso judicial ha estado viciado por motivaciones políticas.
Los abogados de González Amador sostienen que se han vulnerado sus derechos de defensa y denuncian un “proceso inquisitorial” que, a su juicio, ha tenido como finalidad dañar la imagen pública de su pareja, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
No obstante, la Audiencia Provincial ha rechazado de plano estos argumentos, asegurando que la investigación se ha desarrollado “con todas las garantías procesales y dentro de los plazos establecidos”.
Una instrucción que se amplía con nuevas líneas de investigación.
La resolución de la Audiencia no solo ratifica el procesamiento por fraude fiscal y falsedad documental, sino que también deja abierta la puerta a nuevas causas judiciales.
El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid mantiene abierta una segunda investigación sobre González Amador por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.
Esta pieza separada, que analiza un presunto soborno a un directivo del grupo hospitalario Quirón y la posible malversación de fondos, podría agravar su situación judicial.
De ser hallado culpable en ambas causas, la posibilidad de evitar el ingreso en prisión se reduciría significativamente, ya que la acumulación de penas superaría los límites que permiten la suspensión de condena en casos de primer delito.
Además de la Fiscalía, partidos de la oposición como el PSOE y Más Madrid han decidido ejercer la acusación particular en una de las piezas separadas del caso, solicitando hasta cinco años adicionales de cárcel por un presunto delito contable continuado y pertenencia a organización criminal.
Estas acusaciones no cuentan con el respaldo de la Abogacía del Estado, pero subrayan la dimensión política que ha adquirido el caso.
Un impacto político que alcanza a la Puerta del Sol.
El procesamiento de Alberto González Amador supone un nuevo desafío para el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso.
Desde que se conocieron las primeras noticias sobre la investigación, la presidenta madrileña ha denunciado una “cacería política” contra su entorno, asegurando que las filtraciones a la prensa tienen como objetivo desestabilizar su gestión.
En declaraciones anteriores, Ayuso ha defendido a su pareja argumentando que “no ha cometido ningún delito” y que todo forma parte de un intento de “ensuciar” su imagen.
Sin embargo, la confirmación judicial del procesamiento debilita su discurso, al menos en el terreno mediático.
La oposición madrileña ha aprovechado la resolución para exigir explicaciones y ha insistido en la necesidad de “preservar la transparencia institucional” en la Comunidad de Madrid.
Mientras tanto, el entorno de la presidenta mantiene silencio absoluto sobre la situación judicial de González Amador, consciente del impacto reputacional que podría tener una condena firme.
Fuentes cercanas al Partido Popular madrileño reconocen que el caso es “incómodo”, aunque recalcan que se trata de un asunto “personal” sin relación directa con la gestión política de Ayuso.
El papel de la jueza Rodríguez-Medel.
La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, conocida por haber instruido causas de gran relevancia como el caso Máster de Cristina Cifuentes, ha sido la encargada de dirigir la investigación.
Su decisión de cerrar la instrucción y elevar el caso a la Audiencia Provincial fue respaldada por las acusaciones y finalmente confirmada por los magistrados.
Rodríguez-Medel ha insistido en que los hechos investigados presentan “indicios racionales de criminalidad” y que la documentación aportada por Hacienda, junto con los movimientos contables de las empresas implicadas, “constituyen pruebas suficientes para proceder al enjuiciamiento”.
Su nombre ha vuelto a situarse en el foco mediático, no solo por la relevancia política del caso, sino también por su historial en la instrucción de causas de corrupción.
La jueza ha defendido públicamente su independencia y ha rechazado cualquier insinuación de presión política, asegurando que actúa “exclusivamente en función de la ley y las pruebas disponibles”.
Lo que viene a continuación.
Con esta resolución, la vía judicial para la defensa de González Amador se reduce drásticamente.
La decisión de la Audiencia Provincial no admite recurso, por lo que el empresario deberá enfrentarse a juicio en los próximos meses.
El tribunal competente será el encargado de determinar las fechas de celebración y de evaluar las pruebas presentadas tanto por la acusación como por la defensa.
De ser declarado culpable, González Amador podría enfrentarse a una condena cercana a los cuatro años de prisión.
Aunque la defensa podría solicitar la suspensión de la pena si no existieran antecedentes, la existencia de otras causas abiertas podría complicar este escenario.
El caso, que comenzó como una investigación tributaria, ha terminado convirtiéndose en uno de los procesos judiciales más mediáticos del año y amenaza con tener repercusiones políticas de largo alcance.
En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, la decisión de la Audiencia de Madrid añade una nueva capa de complejidad a la ya delicada relación entre justicia y política en la capital española.
