Koldo García alega que no tiene riesgo de fuga porque cobra una pensión de la que depende para mantenerse.
Koldo: “La acusación particular tendría que mirar un poco mejor las cosas”.
El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, cree que no ha entrado en prisión provisional porque no tiene riesgo de fuga ya que depende de una pensión como único sustento económico y señala que también que ha solicitado poder vender sus bienes para mantenerse.
Así lo ha afirmado Koldo en declaraciones a Tele 5, en las que ha defendido la decisión del juez del Tribunal Supremo que instruye la causa que le afecta, Leopoldo Puente, de no decretar prisión contra él y ha criticado a la acusación popular que solicitó su prisión provisional.
En estas declaraciones, el exasesor ha justificado su libertad con que tiene una retribución económica de la que ha dicho depender, al contrario de lo que expuso la acusación.
A este respecto, ha afirmado: “La acusación particular tendría que mirar un poco mejor las cosas porque el decir que no tengo ninguna retribución económica cuando tengo una pensión, decir que había riesgo de fuga cuando me están pagando y no tengo ninguna otra fórmula de poder sobrevivir, cuando sabe perfectamente que he pedido vender mis bienes para poder mantenerme”.
Derecho a no declarar.
Además, ha alegado que tampoco dispone de su agenda personal para llamar las personas a “las cuales podía pedir un trabajo”.
Koldo ha explicado también que decidió acogerse al derecho a no declarar porque no tiene los medios para defenderse ni para “certificar todo lo que pueda decir”, puesto que, según ha dicho, cualquier cosa que diga puede tener una “mala interpretación”.
“Me sentí como un ciudadano el cual me estaban aplicando mis derechos”, ha admitido Koldo respecto a la vistilla del pasado miércoles.
Por otro lado, ha expresado que tiene que dar explicaciones a “nivel judicial” sobre los sobres con dinero, y que cada vez que ha intentado hacerlo en los medios de comunicación se le “ha malinterpretado“.
La situación de García pone de manifiesto la complejidad de los procesos judiciales en casos de presunta corrupción y la importancia de garantizar los derechos de los investigados.
El debate sobre la prisión provisional, el arraigo y la dependencia económica se ha convertido en un elemento central de la discusión, reflejando la necesidad de equilibrio entre la protección de la sociedad y el respeto a las garantías constitucionales.
A medida que avanza la instrucción judicial, se espera que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades de los implicados en el caso.
García ha manifestado su voluntad de dar explicaciones ante la justicia y de colaborar en todo lo necesario para el buen desarrollo del proceso.
La resolución definitiva dependerá de la valoración de las pruebas y de la evolución de la investigación en los próximos meses.
En conclusión, el caso de Koldo García ejemplifica los retos que enfrentan los procesos judiciales en España en materia de corrupción y la importancia de respetar los derechos de los investigados.
La decisión de no decretar prisión provisional ha abierto un debate sobre los criterios de riesgo de fuga y arraigo, mientras que la defensa del exasesor pone el foco en la dependencia económica y en la colaboración con la justicia.
El desenlace del caso será clave para determinar el impacto de la investigación en el ámbito político y judicial español.
