La “doctrina Peinado” se vuelve contra Ayuso: ¿malversación también en la Puerta del Sol?.
La misma doctrina que sirve al PP para acusar a Begoña Gómez podría aplicarse a su propio estratega, Miguel Ángel Rodríguez.
El caso de Begoña Gómez podría terminar convirtiéndose en un espejo incómodo para el entorno de Isabel Díaz Ayuso.
Si el juez Juan Carlos Peinado sostiene que hay malversación cuando una asesora pública realiza tareas “que no le correspondían”, esa misma doctrina podría aplicarse —al menos desde un punto de vista ético y político— al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), por su implicación directa en la defensa del novio de Ayuso desde su cargo institucional.
La tesis de Peinado, recogida en sus autos, parte de una idea simple: el dinero público se malversa cuando un funcionario o cargo de confianza dedica su tiempo o los recursos del Estado a actividades privadas.
En el caso de Gómez, el juez entiende que su asesora habría actuado “fuera de sus competencias” para beneficiar a la esposa del presidente.
Pero si se aplica ese mismo estándar a la Puerta del Sol, la sombra de la contradicción es evidente.
Rodríguez utilizó los canales de comunicación oficiales y su posición pública para intervenir en la estrategia mediática y judicial del novio de Ayuso, Alberto González Amador.
El magistrado Peinado ha centrado su instrucción en lo que denomina una “desviación de funciones públicas”.
En su interpretación, un asesor o cargo público puede cometer malversación si realiza trabajos o gestiones que, aunque no impliquen gasto económico directo, suponen una utilización indebida del puesto.
De la Moncloa a Sol: dos casos, una misma lógica.
Según esa línea argumental, la asesora de Begoña Gómez habría actuado en beneficio particular de su superior, ayudándola en asuntos profesionales o privados ajenos a la estructura administrativa que la contrataba.
Por eso el juez decidió ampliar la investigación y citar a ambas en calidad de investigadas.
Esa doctrina, todavía en construcción y cuestionada por parte de la Fiscalía —que ha pedido el archivo parcial de la causa por falta de indicios—, podría convertirse en un precedente relevante si se consolidara judicialmente.
En el caso de Miguel Ángel Rodríguez, el paralelismo surge por su papel activo en el caso González Amador, cuando se reveló que el novio de la presidenta madrileña había pactado con la Fiscalía una rebaja de condena por dos delitos fiscales.
Lejos de mantenerse al margen, Rodríguez utilizó su posición institucional para difundir una versión manipulada de un correo del fiscal, dando a entender que la Fiscalía estaba dispuesta a pactar un acuerdo más favorable del que realmente existía.
Ante el Tribunal Supremo reconoció que filtró un correo del 12 de marzo en el que el fiscal Julián Salto informaba a la defensa de Alberto González Amador sobre la presentación de una denuncia y mencionaba la posibilidad de acuerdo.
Sin embargo, Rodríguez aseguró desconocer la existencia de un correo previo, del 2 de febrero, en el que la defensa proponía reconocer dos delitos fiscales para cerrar el pacto.
En su declaración, Rodríguez afirmó que el correo le fue facilitado por el propio González Amador y que tenía autorización para difundirlo en un chat de prensa.
Pero lo esencial fue la manera en que presentó ese mensaje: lo comunicó como si fuera la Fiscalía quien propuso el pacto, e incluso añadió que éste habría sido retirado por “órdenes de arriba” —una versión que reconoció como falsa — con el objetivo de proyectar una supuesta censura institucional.
La maniobra —según admitió él mismo ante el Tribunal Supremo— pretendía frenar el impacto mediático del caso y proteger a la pareja de Ayuso.
Desde el punto de vista político, el uso del cargo para influir en un proceso judicial o controlar el relato mediático de un caso privado podría considerarse un ejemplo claro de “desviación de funciones”, la misma categoría conceptual que Peinado atribuye a la asesora de Gómez.
Malversación en Moncloa, silencio en Madrid.
El contraste entre los casos de Begoña Gómez y Miguel Ángel Rodríguez ha reavivado el debate sobre el doble rasero judicial y mediático en España.
Y es que, mientras la esposa del presidente está imputada por presunta malversación —pese a que la Fiscalía no aprecia “elemento objetivo alguno” de delito—, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso sigue en su cargo tras reconocer que mintió para proteger al novio de la presidenta.
El Partido Popular defendió su actuación bajo la premisa de que “mentir no es delito”, pero el fondo del asunto va más allá: el uso del poder institucional para fines personales.
Si se aplicara la doctrina Peinado con el mismo rigor, Rodríguez habría utilizado tiempo y recursos públicos —incluida su posición y los canales de comunicación oficiales— para salvaguardar intereses privados.
Desde el punto de vista jurídico, la malversación por uso no económico sigue siendo un terreno inexplorado, pero la analogía es evidente.
Mientras Peinado cree acreditada la desviación de funciones en el caso Gómez, juristas advierten que, bajo ese mismo criterio, también deberían investigarse actuaciones como la de Rodríguez, cuando un alto cargo emplea la maquinaria pública para proteger a su entorno personal.
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