La asfixia de Ayuso deja en números rojos a las universidades públicas: “Nos amenazan con recortarnos la paga extra”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo.
Estaban en peligro. Lo advirtieron hace más de dos décadas. La Educación Superior pública estaba agonizando.
Lo gritaron en las calles. Ahora, ya no pueden respirar. Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid han sido empujadas al borde del abismo: ayudas que nunca llegan, estudiantes becados que han tenido que pagar la matrícula de su bolsillo, retención de presupuestos de proyectos de investigación, fondos prometidos que se esfuman, contratos rotos, recortes encadenados y plantillas que temen no poder cobrar sus nóminas.
No se admiten eufemismos. Son números rojos que reflejan los estragos de un estrangulamiento crónico.
Y ahora, ¿quién se hará cargo de la deuda histórica de la universidad pública en Madrid?
Una de las seis universidades públicas de la región, la Complutense (UCM), movió hace no mucho la primera ficha.
Su rector, Joaquín Goyache, planteó solicitar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso un préstamo de 34.469.224,34 euros para poder cubrir las nóminas del próximo curso de sus 11.400 trabajadores.
¿El motivo? El rectorado alegó el encarecimiento de la energía, la inflación y la necesidad de “actualizar los modelos de financiación“.
El feedback del Ejecutivo popular no tardó en llegar. Anunció el préstamo como una “muestra de que siempre estará cerca de todas y cada una de sus universidades”.
Y aunque aceptó la petición, lo hizo con letra pequeña: la universidad “tendrá que presentar medidas para corregir esa situación de déficit con un ajuste financiero” y afirmó que esta exigencia “está fijada en la normativa de los presupuestos generales” de la comunidad.
Para los profesores, esta iniciativa es únicamente “una solución parche insuficiente” para afrontar la asfixia financiera que atraviesan los campus públicos madrileños.
Montserrat Rius, contratada predoctoral en la UCM, narra a Público el día a día dentro de la institución educativa: “Los recortes nos asfixian.
Entre los trabajadores hay malestar e inseguridad, porque nos amenazan con recortarnos la paga extra de diciembre, cuando es parte de nuestro salario.
Eso es una vulneración clara de derechos laborales y no lo vamos a permitir”. Corrobora que no se están cubriendo las plazas necesarias: “Hay asignaturas con tres profesores turnándose, o sustitutos que llegan a mitad de cuatrimestre sin tiempo para entender cómo funcionan las plataformas, los sistemas de evaluación o, simplemente, dónde están sus aulas”.
Montserrat Rius, trabajadora de la Universidad Complutense de Madrid: “Nos amenazan con recortarnos la paga extra de diciembre”.
Los efectos del estrangulamiento, dice, son ya demasiado visibles: “Para el alumnado, se traduce en confusión: ven profesores distintos cada dos o tres semanas y no saben ni cómo se les va a evaluar.
La calidad docente se resiente“. El deterioro no se limita a las aulas. “Los servicios tampoco pueden funcionar adecuadamente: si solo hay una persona en un negociado de secretaría y esa persona coge una baja, su trabajo se reparte entre el resto, saturando aún más al personal.
Todo esto genera un desgaste enorme. Intentamos tener paciencia, pero el descontento con los recortes no deja de crecer“.
Desde la propia UCM, se emitió un comunicado subrayando que su situación no es un caso aislado, “sino parte de una realidad que comparten todas las universidades públicas madrileñas”.
Y no se equivocan. La radiografía de la financiación universitaria en Madrid se oscurece aún más al mirar a la Universidad Rey Juan Carlos.
Su rector, Abraham Duarte, admitió sin tapujos que es “la universidad peor financiada de España”.
“Desde hace más de 20 años, el presupuesto no se ha actualizado“, dijo. Tanto el profesorado como el alumnado exigen “soluciones inmediatas”.
El equipo rectoral, aseguran, se ha visto obligado a aplicar medidas de contención: aumentar la carga docente del profesorado para evitar nuevas contrataciones —que habrían significado entre diez y 12 millones de euros al año— y rediseñar el plan de infraestructuras, “limitando las obras a lo estrictamente imprescindible”.
Como revela el documento Radiografía de la financiación de las universidades públicas en España, los números no engañan: la URJC es la peor financiada del país por estudiante, con una inversión anual de apenas 4.291 euros por alumno.
La URJC es la peor financiada del país por estudiante, con una inversión anual de apenas 4.291 euros por alumno.
Para más inri, y mientras se intensifica el debate sobre la infrafinanciación crónica de la Educación Superior, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, informó este lunes al Ministerio que la región no participará en la comisión de trabajo creada para negociar el aumento de la financiación pública universitaria hasta el 1% del PIB en 2030.
Es decir, no pondrá más dinero sobre la mesa. Según Viciana, “un porcentaje aleatorio del PIB no refleja las necesidades reales de las universidades, su tamaño, el mantenimiento de sus instalaciones ni el volumen de gasto corriente”.
El consejero popular defendió que “Madrid ya invierte más del 4% de sus presupuestos en sus universidades, que acogen cerca del 20% del estudiantado nacional, a pesar de que la región representa solo el 14% de la población del país”.
“Llegar al 1% del PIB en 2030 supondría una inversión anual superior a 3.000 millones de euros, 2.000 millones más que en 2024 y casi 1.000 millones más que el presupuesto total de las seis universidades públicas madrileñas”, completó, antes de concluir: “No vamos a contribuir a que el Gobierno central imponga cargas arbitrarias, mal calculadas y puramente ideológicas”.
Ante la Asamblea regional, remató asegurando que Madrid seguirá apoyando a las universidades públicas… “A su manera”.
Enrique Díez, catedrático: “La universidad pública se desfinancia mientras se impulsan universidades‑chiringuito”.
Enrique Javier Díez, catedrático de la Universidad de León, analiza la crisis de las universidades públicas madrileñas en una conversación con Público.
“Es un problema estructural: la universidad pública se desfinancia mientras se impulsan universidades‑chiringuito privadas”, valora. Trae a colación datos del informe Financiación pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU): “Haría falta invertir 3.180 millones de euros para cumplir el artículo 55.2, que establece un mínimo del 1% del PIB en financiación universitaria pública”.
El experto reprocha que detrás de estos números “hay una voluntad política clara de desmantelar la educación superior pública, convirtiendo la universidad en un negocio”.
“Esto no solo implica la privatización y mercantilización de un derecho básico reconocido en la Constitución y en los derechos humanos, sino que limita gravemente el acceso de la clase trabajadora a estudios superiores, que se vuelven un lujo impagable o una deuda insostenible para quienes no provienen de familias acomodadas”, precisa.
Además, agrega, “esta desfinanciación degrada la calidad académica, convirtiendo las universidades en meros instrumentos de gestión empresarial, mientras las condiciones laborales y de investigación se deterioran de manera progresiva”.
Madrid es la comunidad autónoma que más ha reducido su oferta de plazas en universidades públicas, según un informe de UCM por la Pública.
Ojo, porque los datos ponen todavía más contra las cuerdas al Gobierno de Ayuso.
El reciente informe de la plataforma UCM por la Pública advierte de la magnitud del deterioro en la Educación Superior: “Madrid es la comunidad autónoma que más ha reducido su oferta de plazas en universidades públicas en los últimos cinco años, con un descenso del 7,8%.
Si se retrocede hasta 2009, el recorte acumulado alcanza un 34,9%”. El análisis también alerta sobre la precariedad del personal y la falta de inversión: “Madrid paga los salarios más bajos del sistema universitario español y es la región que menos invierte por estudiante, con apenas 5.362 euros al año, frente a los más de 9.000 euros que destinan territorios como Navarra, La Rioja o Euskadi“.
¿Apoyo o asfixia?.
“A su manera”. Así definió el Ejecutivo madrileño su estrategia de apoyo a las universidades públicas.
Pero, ¿qué significa exactamente esa manera? De primeras, se orquesta a través de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), la cual se supone que estará lista a finales de este año.
En ella, el Gobierno regional propone destinar diez millones de euros adicionales a las universidades públicas que cumplan determinados objetivos relacionados con la captación de fondos externos, logros académicos e investigadores y autonomía y competitividad.
Otra vez, lo que no se ve a simple vista: el plan de financiación de Ayuso no cubriría más del 70% del presupuesto de las universidades, dejando el 30% restante a ser obtenido por otros mecanismos. Entre ellos, se plantea la entrada de fondos de inversión y capital privado.
Esteban Álvarez, PSOE Madrid: “La LESUC es el asalto definitivo a la universidad pública”.
Por su parte, el Ministerio de Diana Morant considera que los diez millones prometidos son “condicionados a recortes de gastos y al cumplimiento de objetivos” y lo tacha de “una cantidad muy escasa”.
Recuerda que “el Gobierno de España ha incrementado en más de un 50% las transferencias a las comunidades autónomas, con la expectativa de que ese esfuerzo se traduzca en mejoras en servicios públicos esenciales como la universidad o la sanidad”.
Además, deja caer que la capital se encuentra entre las regiones con peor financiación universitaria por estudiante, “situándose 20 puntos por debajo de la media española”.
Esteban Álvarez, portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea, opina en declaraciones a Público que la nueva ley universitaria marca “el asalto definitivo a la universidad pública“.
Para el socialista, la norma persigue dos objetivos: “Potenciar el negocio de las universidades privadas afines al Ejecutivo y arrebatar la autonomía de la universidad pública, convirtiéndola en un instrumento más de su hegemonía para asegurar el poder”.
Antonio Sánchez, Más Madrid: “Quieren que nos quedemos callados mientras firman el acta de defunción de las universidades públicas”.
Antonio Sánchez, portavoz de Educación de Más Madrid en la Asamblea, también arremete contra la gestión de Ayuso: “Llama préstamo e incluso rescate a lo que no es más que una deuda… pero no de la Complutense o la URJC con la comunidad, sino de la comunidad con sus universidades”.
En esta misma línea, desliza a Público que, tras décadas de estrangulamiento presupuestario, “ahora el Ejecutivo intenta silenciar a la comunidad universitaria mediante leyes que buscan frenar las movilizaciones que ellos mismos provocaron”.
“Quieren que nos quedemos callados mientras firman, sin resistencia, el acta de defunción de las universidades públicas”.
Camino hacia una huelga… ¿indefinida?.
La cosa no termina aquí. Las plataformas en defensa de las universidades públicas madrileñas están preparando una huelga de “al menos dos días” entre finales de noviembre y principios de diciembre, en protesta por la “asfixia” que, según denuncian, impondrá la futura Ley de Universidades.
Así lo acordó la Coordinadora Interuniversitaria, que agrupa a docentes e investigadores (PDI), personal técnico y de administración (PTGAS) y alumnado de las seis universidades públicas de la región.
Su objetivo es claro: exigir “una financiación digna”, garantizar la autonomía universitaria y proteger a la comunidad académica frente a posibles censuras o represalias derivadas de las sanciones que contempla la LESUC, consideradas “desproporcionadas” por los colectivos.
El próximo 30 de octubre, una asamblea general fijará la fecha definitiva de la huelga.
La coordinadora ya ha definido una hoja de ruta que prevé movilizaciones de “baja, media y alta intensidad”: desde asambleas en cada facultad y coordinación con los decanatos, hasta acciones visibles con pancartas y pasacampus, escalando a concentraciones y encierros.
No descartan que la protesta se prolongue varios días o incluso “se convierta en indefinida”.
Público ha solicitado a la Consejería de Educación de Madrid información detallada sobre la situación actual de las universidades públicas de la región.
Entre las cuestiones planteadas se incluyen cómo valora el Ejecutivo madrileño el estado de estas instituciones, qué medidas concretas tiene previstas para garantizar financiación, infraestructuras y plantilla suficientes que mantengan la calidad académica y el servicio público, y cómo piensa asegurar que ayudas, becas, fondos de investigación y programas de estabilización de personal lleguen de forma rápida y eficaz a estudiantes y trabajadores, evitando retrasos burocráticos.
También se ha preguntado cómo planea la administración abordar la negociación con rectorados, profesorado, investigadores y alumnado en el marco de la nueva ley universitaria y frente a las movilizaciones estudiantiles ante la degradación percibida del sistema.
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