El juez Peinado aumenta entre 10.000 y 20.000 euros el coste de llamarle prevaricador: las nuevas ‘conciliaciones’ de Guadalupe.
El magistrado que investiga a Begoña Gómez pide ya 70.000 euros a Gabriel Rufián, Óscar López o Patxi López, últimos denunciados.
Juez Juan Carlos Peinado. EP.
El juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, eleva cada vez más el dinero que pide a quienes considera que están faltando a su honor, siendo algunos de estos últimos ejemplos el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián; su homólogo en el PSOE, Patxi López; o el responsable de los socialistas de Madrid (PSOE-M), Óscar López.
El magistrado, cuya forma de actuar en lo que rodea a la esposa de Sánchez está en entredicho, se querelló contra el político independentista después de que éste sugiriera que trabajaba para el PP, dejando caer así que estaba perpetrando un delito que le convertía en un prevaricador.
Rufián también dijo que Peinado tenía que escribir sobre la exposición razonada contra el ministro Félix Bolaños “después de cenar” porque le salió “regular”.
Por todo ello, Peinado le reclamaba al político que rectificara en sede judicial o, de no hacerlo, presentaría contra él una querella por injurias y calumnias o una demanda por protección al derecho al honor para reclamarle la cantidad señalada.
Rufián, en el tono que le caracteriza, no se cortó y llegó a decir que lo consideraba “casi un honor” e indicaba que las intenciones del magistrado son claras: callar a todo aquel que critique su investigación.
“Es lo que hay. Si no molestara, no estaría haciendo bien mi trabajo”, dijo uno de los rostros más visibles, sino el más, ahora mismo del partido republicano.
Después de él en el ámbito político le llegó el turno a ‘los López’, a los que Peinado pedía la misma cantidad por haberle acusado de prevaricar en el procedimiento que instruye contra Gómez.
Del mismo modo, el magistrado asegura que interpondrá una querella por injurias y calumnias, retrotrayéndose en el caso de secretario general socialista en Madrid a unas declaraciones que realizó ante los medios de comunicación en diciembre de 2024, cuando dijo que “lo conocido del señor Peinado es claramente prevaricador”.
“Ha mentido en sede judicial y ha utilizado una mentira para imputar a otra persona”, apostilló refiriéndose a la decisión del juez de citar como investigado a Juan José Güemes, directivo del Instituto de Empresa (IE).
En el caso de Patxi López, denunció unas declaraciones que realizó el pasado 25 de septiembre, cuando le acusó de protagonizar una “persecución” contra el Ejecutivo de España.
“El juez Peinado está haciendo su propia campaña para atacar por tierra, mar y aire al presidente del Gobierno.
Al final la Justicia nos dará la razón y alguno será estudiado en los libros de Historia de lo que no se puede hacer en un Estado de derecho siendo juez”.
Algunas indemnizaciones de 25.000 euros y otras de 50.000.
El primero en recibir una solicitud de conciliación -el pasado 10 de abril- fue Max Pradera. El desencadenante fueron unos tuits que el periodista publicó en su cuenta de X.
“Tras jubilarse, Peinado solo tiene que colegiarse como abogado y empezar a facturar como tal, desde asesorías en chiringuitos del PP hasta cursos y conferencias en FAES” o “Las hipótesis, que no acusaciones, son irónicas, pero no tienen recorrido en los tribunales. La demanda solo busca amedrentarnos”, decían algunos de los tuits.
El mismo montante pidió el magistrado al activista Fernando Jabonero, en su caso por lo relativo a las supuestas infracciones que el juez cometió en el chalet del que disfruta en La Adrada (Ávila).
Una cuantía algo más elevada encontramos en el plano de nuevo puramente político, como es el caso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En su caso, le pedía 50.000 euros a menos que rectificara sus comentarios criticando de manera pública su instrucción.
A todos ellos hay que sumar a la lista de demandados por el magistrado a Pablo Iglesias en su calidad de tertuliano, a Antón Losada, en la misma; o a Óscar Puente, ministro de Transportes, así como al también colaborador de Malas Lenguas y periodista Ernesto Ekaizer o el director de Contenidos de RTVE, Sergio Calderón. La cuantía económica total supera los 200.000 euros.
Guadalupe Sánchez, la defensa de Peinado.
La abogada de Juan Carlos Peinado es la misma que la del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y de Juan Carlos I. Se trata de Guadalupe Sánchez.
Licenciada por la Universidad de Alicante, ha ocupado espacios en los medios de comunicación en los últimos meses por estas defensas, aunque también ha protagonizado otras como la del cineasta Carlos Vermut, denunciado por varias mujeres por presuntos abusos sexuales y que emprendió acciones legales contra el medio que los había sacado a la luz –El País– y la entonces directora del medio mencionado, Pepa Bueno.
En la actualidad dirige el bufete de abogados Novalex, que lidera a medio camino entre Madrid y Alicante. Asimismo, es tertuliana en varios platós de televisión y columnista en varios periódicos, todos ellos de la derecha mediática.
De este modo, es una redactora habitual de The Objective o Libertad Digital a la vez que participa en el espacio de Herrera en Cope, El Cascabel o El Toro TV.
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