La Fundación Francisco Franco planta cara al Gobierno y presentará alegaciones a su ilegalidad.

 

 

 

 

El Ejecutivo ha iniciado los trámites para fulminar la organización franquista y Juan Chicharro, su presidente, ha anunciado que presentarán un recurso.

 

 

 

 

 

 

Complejo monumental del Valle de Cuelgamuros.

 

 

 

La Fundación Nacional Francisco Franco va camino de la desaparición.

 

El Gobierno, más concretamente el Ministerio de Cultura, ha puesto en marcha los primeros pasos para fulminar esta organización y hacerla ilegal y ha avisado a la propia entidad, enviándoles el “acuerdo de inicio de procedimiento de extinción”.

 

 

Esa resolución es el primer paso antes de que el ministerio envíe, a través de la Abogacía del Estado, este mismo texto a la autoridad judicial para que inicie los trámites legales para la extinción.

 

 

Por su parte, la Fundación ha anunciado que presentará alegaciones en el procedimiento previo iniciado por el Gobierno.

 

 

“La resolución parte, de entrada, de un supuesto absolutamente falso, que contamina toda la resolución, porque parte de unos estatutos de esta fundación que están ya obsoletos”, ha afirmado el presidente ejecutivo, Juan Chicharro Ortega.

 

 

Chicharro Ortega ha confirmado que la Fundación Nacional Francisco Franco ya ha recibido la notificación del expediente y que hará uso del periodo pertinente para presentar alegaciones.

 

 

Tras la notificación a la FNFF este 31 de octubre, queda abierto el trámite de alegaciones de la fundación, es decir, diez días hábiles y un periodo de prueba si es que la fundación desea aportar documentación.

 

 

“Vamos a seguir lo que marca la norma en la resolución. Haremos las alegaciones pertinentes, por supuesto“, ha manifestado el presidente ejecutivo de la Fundación Franco, que ha indicado que tienen que estudiar el expediente desde el punto de vista jurídico.

 

 

En este sentido, Chicharro ha manifestado que “desviar la atención, cuando al Gobierno se encuentra en problemas de todos conocidos, es una vieja táctica”.

 

 

“Ahora es el ‘francomodín’. Bueno, pues a la palestra”, ha declarado el presidente de la organización franquista, al tiempo que ha indicado que en un Estado de Derecho estarían “muy tranquilos”, porque la Constitución española “garantiza la libertad de opinión, expresión y reunión“.

 

 

 

Por otro lado, considera que “ampararse” en la Ley de Memoria Democrática, que “está recurrida en el Tribunal Constitucional“, “es una mala praxis democrática”.

 

 

“Lo lógico sería esperar a que el Tribunal Constitucional se manifestase en su día al respecto antes de tomar decisiones de tanto calado”, ha valorado.

 

 

“Parte de un supuesto falso”.

 

 

Chicharro ha defendido que “la resolución parte de entrada de un supuesto absolutamente falso, falso que contamina toda la resolución, porque parte de unos estatutos de esta fundación que están ya obsoletos”.

 

 

“Nosotros los hemos modificado en dos ocasiones y, por lo tanto, los estatutos sobre los que se rige la fundación ahora no son los que vienen en la resolución“, ha justificado.

 

 

Chicharro Ortega ha indicado que la resolución señala las actividades realizadas por la entidad, consideradas apología del franquismo.

 

 

“¡Claro! Son las tareas que nos marcan nuestros estatutos y son las que seguimos“, ha declarado, contradiciéndose en su propia defensa.

 

 

Finalmente, en relación con el menosprecio y humillación a la víctimas, que “es un punto importante” para en su momento la posible ilegalización, cree que los argumentos son “ridículos” porque lo que dan es “su versión de la historia, de reconocidos historiadores, que opinan distinto”. “Por supuesto, presentaremos alegaciones”, ha sentenciado.

 

 

 

El recorrido para la extinción de la Fundación.

 

 

Este paso del Ejecutivo para extinguir la Fundación Francisco Franco es el último de un camino que comenzó en 2022, con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática.

 

 

Dicha norma regula el derecho de asociación y permite ilegalizar las entidades y fundaciones que hagan apología del franquismo, como la que nos atañe en este artículo.

 

 

 

El Ministerio de Cultura encargó en 2024 dos informes al Registro de Fundaciones y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (SEMD) para estudiar el contenido de la web de la fundación (aproximadamente 5.500 textos) “dedicados a la exaltación y apología del golpe de Estado, la dictadura y sus dirigentes“.

 

 

 

Entre todo el contenido, se encontraron textos que llegan a asegurar que “el franquismo no cometió un genocidio, la II República sí”, que niegan los hechos sucedidos durante el bombardeo de Gernika durante la Guerra Civil o que aseguran que el escándalo de los niños robados es una farsa, además de los cientos de artículos propagandísticos del régimen.

 

 

 

En el informe, la secretaría también incorpora testimonios de las víctimas de la dictadura, que acreditan cómo el negacionismo de la fundación sobre la represión en el periodo dictatorial puede suponerles un daño y confronta con su derecho a la verdad.

 

 

Los relatos son muy reveladores: “Cada vez que veo en medios de comunicación alguna de sus actividades o declaraciones, se me encoge el corazón, la respiración se me detiene y no soy capaz de articular palabra.

 

 

En ese momento vuelve a mi mente el relato de la desaparición de mi tío”. […] “Cada vez que leo un manifiesto firmado o una declaración por esta Fundación en defensa de los valores franquistas y de la dictadura, naturalmente no siento una agresión física, pero se remueven todos los recuerdos que tengo de mi situación infantil, sin mi padre, la ausencia de él por culpa de una guerra cruel y sinrazón”.

 

 

 

El estudio concluye que el contenido de la Fundación descalifica a las víctimas, minimiza los daños acaecidos en los 40 años de dictadura y que sesga la historia.

 

 

“El análisis de los aproximadamente 5.500 textos que tiene publicados en su página web permiten concluir que los fines y la actuación de la fundación no persiguen el interés general, en tanto que resultan inconciliables con muchos de los que cita el artículo 3.1 de la Ley de Fundaciones”, reza el texto.

 

 

Precisamente, otro asunto relevante en torno a su ilegalización es su archivo histórico, que contiene unos 30.000 documentos (28.000 ya digitalizados).

 

 

Algunos de ellos pertenecen a la Jefatura del Estado, por lo que “deberían estar depositados en archivos de titularidad estatal” por su valor histórico y patrimonial.

 

 

Anomalía europea.

 

 

La Fundación Francisco Franco fue creada en 1976, y en sus estatutos quedaba patente que se dedicaría a difundir la “dimensión humana y política de Francisco Franco, promover y realizar estudios sobre el pensamiento de Franco y sobre las realizaciones de los años de su mandato, contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española y exaltar su vida como modelo de virtudes puestas al servicio de la patria”.

 

 

Ese texto fundacional ha sufrido diferentes modificaciones a lo largo de sus 50 años de historia, la última en 2017, reduciendo el objeto de la fundación a “difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como jefe de Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos”, además de “promover el estudio y conocimiento del Estado que rigió los destinos de España entre los años 1936 y 1977”.

 

 

 

Pablo de Greiff, exrelator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y actual comisionado de la ONU para Ucrania, ha denunciado en reiteradas ocasiones que la Fundación Franco “es una anomalía en Europa“, en tanto que ningún otro país del continente tiene una fundación que recuerde y ensalce la figura de un dictador ni una legislación que fomente la difusión de ideologías de odio.