Feijóo dice que “si vienes a delinquir te tienes que ir” y los tuiteros responden: “Se entiende que habla de Juan Carlos I”.
Las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, durante su visita a Soria han vuelto a poner en el centro del debate público la cuestión migratoria y el discurso sobre la delincuencia.
El líder popular, en un acto con autónomos, defendió su propuesta sobre migración con una frase contundente: “quien viene a España ha de cumplir la ley, integrarse en la sociedad española, ha de trabajar y cotizar como todo el mundo”.
Sin embargo, lejos de generar consenso, sus palabras han desatado una oleada de reacciones en redes sociales y en el ámbito político, evidenciando las tensiones y contradicciones que atraviesan el debate sobre inmigración en el país.
La polémica se intensificó cuando Feijóo añadió: “si vienes a vivir de los impuestos de los que trabajan, si vienes a incumplir las leyes y si vienes a delinquir te tienes que ir”.
Este mensaje, que pretendía ser una defensa de la legalidad y la integración, fue rápidamente interpretado por numerosos usuarios de Twitter y comentaristas políticos como una referencia indirecta a figuras polémicas de la vida pública española, entre ellas el rey emérito Juan Carlos I y la exdirigente de Vox Rocío Monasterio.
La ironía y el sarcasmo inundaron las redes, donde se multiplicaron los comentarios que relacionaban las palabras de Feijóo con el historial de corrupción y escándalos de personajes cercanos al poder.
El contexto de estas declaraciones no es casual. El Partido Popular, bajo el liderazgo de Feijóo, ha intentado en los últimos meses consolidar una imagen de firmeza frente a la inmigración irregular y la delincuencia, en un intento por recuperar parte del electorado más conservador y responder a la presión de formaciones como Vox.
Sin embargo, la estrategia del PP se enfrenta a un obstáculo importante: el pasado judicial y político del propio partido, marcado por casos de corrupción como la trama Gürtel, el caso Bárcenas o el caso Montoro.
Muchos ciudadanos y analistas recuerdan que, si se aplicaran los mismos criterios que Feijóo propone para los migrantes, varios miembros del PP y figuras relevantes de la política española deberían “irse” del país.
La respuesta en Twitter fue especialmente significativa. Decenas de usuarios citaron el artículo 89 del Código Penal español, aprobado durante la etapa de gobierno del Partido Popular, que establece que “las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero conlleva su expulsión del país”.
Esta referencia legal fue utilizada para subrayar la aparente incoherencia entre el discurso de Feijóo y la realidad de la aplicación de la ley en España, donde los casos de corrupción protagonizados por ciudadanos españoles no suelen tener consecuencias tan drásticas como la expulsión.
La figura de Juan Carlos I, el rey emérito, se convirtió en uno de los protagonistas involuntarios del debate.
Tras años de escándalos financieros y judiciales, el exmonarca ha sido objeto de investigaciones por presuntos delitos fiscales y corrupción, aunque finalmente no ha sido procesado por la justicia española.
Para muchos, la frase de Feijóo sobre “delinquir y tener que irse” resonó como un dardo indirecto hacia quienes, desde posiciones privilegiadas, han cometido irregularidades sin enfrentar las consecuencias que se exigen a los migrantes.
La controversia también alcanzó a Rocío Monasterio, exdirigente de Vox, cuyo historial de irregularidades urbanísticas y problemas legales ha sido ampliamente documentado por la prensa.
Los usuarios de redes sociales no dudaron en señalar la contradicción entre el discurso de mano dura contra la inmigración y la tolerancia hacia comportamientos ilícitos de políticos nacionales.
En el terreno político, la oposición aprovechó la ocasión para criticar la postura de Feijóo y del Partido Popular.
Representantes de partidos de izquierda y organizaciones sociales denunciaron el “doble rasero” en la aplicación de la ley y la utilización del discurso migratorio como herramienta de distracción frente a los problemas internos del PP.
Además, recordaron que la mayoría de los delitos cometidos en España son perpetrados por ciudadanos españoles, y que la criminalización de los migrantes contribuye a la estigmatización y la exclusión social.
El debate sobre migración y delincuencia en España es complejo y multifacético.
Por un lado, existe una preocupación legítima por garantizar la seguridad y la convivencia, así como por asegurar que quienes llegan al país respeten las leyes y contribuyan al bienestar común.
Por otro, la instrumentalización política de estos temas puede derivar en discursos xenófobos y en la perpetuación de prejuicios que dificultan la integración y la cohesión social.
Las palabras de Feijóo, lejos de zanjar el debate, han servido para reabrir viejas heridas y para poner en evidencia las contradicciones de la clase política.
La exigencia de cumplir la ley y de integrarse plenamente en la sociedad española es compartida por la mayoría, pero la pregunta fundamental sigue siendo quién debe dar ejemplo y cómo se aplica la justicia de manera igualitaria para todos, sin importar el origen, la posición social o el poder económico.
En última instancia, la polémica generada por Feijóo en Soria revela la necesidad de un debate serio y honesto sobre migración, legalidad y responsabilidad política.
Más allá de los titulares y los comentarios en redes sociales, España necesita políticas que combinen firmeza y humanidad, que aseguren el respeto a la ley pero también la integración y la igualdad de oportunidades.
Solo así será posible avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada, en la que la confianza en las instituciones y en la justicia sea real y compartida por todos.
