Tajante un periodista en el juicio a GARCÍA ORTIZ: “Sé quién es la fuente y el FISCAL es inocente”.
El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha abierto una grieta en el sistema de justicia y en la prensa española que pocos esperaban.
Lo que comenzó como una causa por presunta filtración de un correo electrónico que comprometía al empresario Alberto González Amador —pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso—, se ha convertido en un escenario cargado de tensión, declaraciones dramáticas y preguntas incómodas sobre el poder, la prensa y la rendición de cuentas.
Durante la tercera jornada del proceso en el Tribunal Supremo, un puñado de periodistas testificaron que en efecto tuvieron acceso al correo electrónico clave —enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de González Amador a la Fiscalía— antes incluso de que lo recibiera el propio fiscal general.
Así lo declararon profesionales de medios como elDiario.es y La Sexta, quienes aseguraron que conocían el contenido del documento varios días antes de la fecha oficial que consta en el expediente.
Una de las declaraciones más impactantes la ofreció el periodista José Precedo, quien ante el tribunal sostuvo que “sé que García Ortiz es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decirla por secreto profesional”.
Esa confesión puso en evidencia el conflicto ético que muchos informadores viven: conocer verdad relevante pero no poder revelarla por protección de la fuente, mientras ven cómo esa verdad se utiliza políticamente.
La clave del proceso es el correo en el que figura un reconocimiento de comisión de dos delitos fiscales, por parte de González Amador, y el ofrecimiento de un pacto de conformidad con la Fiscalía para evitar el juicio.
Esa filtración es el eje de la querella contra García Ortiz, acusado de revelación de secretos.
Pero lo que era un procedimiento técnico ha trascendido al terreno de lo simbólico. González Amador, visiblemente afectado, declaró ante el Supremo que aquel correo lo convirtió en “el delincuente confeso del reino de España” y afirmó que “me mató públicamente” el fiscal general.
Sus palabras, en una de las declaraciones más dramáticas del juicio, fueron: “O me voy de España o me suicido”.
Frente a ese tumulto, los periodistas testigos desmontaron la narrativa oficial que vinculaba la filtración al fiscal general.
Algunos medios adelantaron que el correo ya circulaba entre profesionales antes de que el FGE lo registrara, lo cual abre preguntas sobre la cadena de custodia y sobre quién realmente beneficiaba la difusión.
En este contexto, la declaración grabada de un periodista ante el tribunal adquiere especial carga: “Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca, y aquí tengo un dilema moral bastante gordo: saber quién es la fuente de esta historia, conocerla, no decirla, pero ver que se pide cárcel para una persona que yo sé que es inocente porque conozco la fuente.”
Esa frase circula ya como un testimonio de la tensión entre la libertad de prensa, la protección de fuentes y el imperativo de justicia.
El procedimiento empezó a cobrar resonancia mayor cuando González Amador afirmó que su gestión judicial y mediática fue diseñada para que todo se resolviera “rápido y sin ruido”, y que su único objetivo era no perjudicar políticamente a Ayuso.
Su testimonio, sin embargo, chocó con la apariencia pública de normalidad de los hechos: el pantallazo del correo, los mensajes de WhatsApp entre periodistas y redacciones, las filtraciones previas a la cadena oficial…
Todo ello apuntaba a una estrategia coordinada para producir un efecto determinado en la opinión pública.
Por un lado, el juicio plantea cuestiones de fondo: ¿hubo revelación de secretos por parte del fiscal general? ¿Fue la difusión del correo un error profesional o una maniobra política? ¿Y cuál fue el papel de los medios en esa difusión? Por otro lado, este asunto revela las grietas del sistema: la presión mediática, el uso de la fiscalía como herramienta política y el rol de los periodistas como guardianes de la verdad ante un sistema en que las preguntas incómodas parecen eternas.
Ante la explanada judicial y mediática, los medios han afrontado su propio espejo: varios periodistas han admitido que recibieron primeras informaciones, pantallazos e incluso documentos antes de que la fiscalía o el fiscal general tuvieran acceso formal.
Esa situación pone en tela de juicio el relato oficial y plantea que quizá el proceso no fue tan transparente como se ha querido hacer ver.
El juicio hacia García Ortiz continúa, pero lo que ya ha cambiado es el marco político-mediático en el que se desarrolla.
En medio de la tormenta, González Amador ha sido perfilado por algunos como víctima y por otros como actor principal de una filtración mediática que lo consumió.
Y los periodistas, por su parte, han reclamado respeto por su labor e independencia ante acusaciones de manipulación: “Cuando se llama mentirosos a periodistas se está jugando con nuestra reputación para descalificarnos”, dijo un testigo ante el tribunal.
El impacto de lo ocurrido trasciende los muros del Supremo. En distintas tribunas de opinión se ha señalado que este caso muestra cómo la justicia, la prensa y la política pueden entrelazarse de forma tóxica.
Una filtración mal explicada, un testimonio descontrolado, un político señalado… Todos estos elementos convergen en un escenario de alta tensión institucional.
Para los ciudadanos, la comprensión de lo sucedido plantea una pregunta básica: si la investigación se ha desarrollado bajo una sombra de presiones mediáticas y políticas, ¿qué garantía existe de que la verdad emerge al final del proceso? Y si los periodistas disponían de la información antes que los órganos competentes, ¿cuál fue la razón para retardar su publicación? ¿Y quién decidió ese calendario informativo?
Este juicio, lejos de ser solo una contienda entre un fiscal y un empresario, representa algo más profundo: una batalla por el relato público, por el control de la información y por la credibilidad de las instituciones democráticas.
En un mundo en que la velocidad informativa es esencial, este caso demuestra que el acceso a la fuente, el momento de publicación y el protagonismo mediático pueden moldear tanto como la propia sentencia judicial.
Tal vez la frase que sintetiza mejor ese momento la pronunció uno de los periodistas testigos: “Es un dilema moral bastante gordo”.
Esa confesión resume el estado de ánimo de un sistema que parece debatirse entre el deber de informar y el impacto de hacerlo.
El proceso sigue desplegando sus pliegues y todavía quedan muchas jornadas por delante.
Pero ya no es posible pasar por alto lo que ha surgido hasta ahora: un correo, una filtración, un ciudadano señalado, un fiscal imputado, periodistas testificando…
Y detrás de todo ello, la pregunta que asoma más fuerte que nunca: en la encrucijada entre justicia, política y prensa, ¿quién realmente tiene el control?
