Nuevo rejonazo a la UCO: Ábalos desmiente su informe y señala al Supremo por no dejarle defenderse.
El exministro tumba la interpetación de los agentes de la Guardia Civil y acredita su testimonio.
El diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, durante un pleno en la Cámara Baja.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recibe un nuevo correctivo.
Nada tiene que ver esta vez la pereza para elaborar el informe sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso que requirió la Fiscalía Anticorrupción hace más de 140 días.
Ha sido el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos quien – de nuevo – retrataba la praxis del destacamento que dirige el coronel Antonio Balas.
El que fuera número tres del PSOE, procesado por el Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo por la adjudicación a dedo de un contrato de mascarillas, ha puesto en cuarentena el último informe en el que se interpreta que cuando pedía folios a su exasesor se refería a dinero negro.
Además, ha señalado al Alto Tribunal por negarle la posibilidad de defenderse.
Del último informe de la UCO se desprendía una conversación entre Ábalos y su colaborador – y epicentro de la presunta trama de comisiones – Koldo García.
En ella, el exministro requirió a su entonces asesor que le brindara folios.
Una petición que, a ojos de los investigadores del Instituto Armado, no era sino otra manera de referirse al dinero negro que pagaban empresarios a cambio de adjudicaciones de obras.
“Cuando hablo de folios, es que son folios y no dinero ilícito, como me ha atribuido estrafalariamente la UCO en el folio nº 79 de su Informe 157/2025 del 03 de octubre de 2025 sin ninguna comprobación previa y con una única intencionalidad incriminatoria cuando hace referencia a la expresión ‘folios’ como ejemplo de jerga convenida para fabricar una prueba más con la que fundamentar la existencia de una organización criminal”, explica Ábalos en un comunicado publicado en su perfil de X – antes Twitter -.
Instrucción “escorada”.
El exministro adjunta al texto un certificado de los folios solicitado al Congreso durante su etapa como diputado del Grupo Mixto, a fin de demostrar la falsedad de las interpretaciones de los agentes de la Benemérita.
Al hilo de esto, Ábalos ha pedido al Supremo que soliciten al ministerio de Transportes un certificado idéntico al juez, pero el juez que instruye la causa se ha negado.
Según explica el ex secretario de Organización socialista, el argumento que blande el instructor es que entiende que, junto con el resto de diligencias solicitadas, son “inútiles y perjudiciales”.
Sin embargo – continúa -, la negativa “resta las posibilidades de mostrar un significado al término ‘folios’ y poder contraponerlo al informe de la Guardia Civil”.
De tal modo, el exministro denuncia que el proceso judicial abierto en el Alto Tribunal se estaría desarrollando de manera irregular.
“El rigor de un proceso se basa en el principio de contradicción y en la presunción de inocencia, y la balanza queda desequilibrada cuando se cede el control a la policía judicial y se acepta sin más un informe policial basado en elucubraciones y conjeturas”, explica un Ábalos que al mismo tiempo sugiere que la instrucción queda “escorada” en el sentido de que “desoye lo que propugna la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
“Según establece en su artículo 2, las autoridades y funcionarios del procedimiento penal deben considerar y apreciar todas las circunstancias, tanto las desfavorables como las favorables para el presunto reo.
Un hecho que, en mi caso, no se está produciendo”, denuncia el ex ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
En consecuencia, concluye que en el caso de que “se quiebren las garantías del proceso”, se enfrentarían a una “prueba diabólica”, a tenor de las dificultades para defenderse “de lo que no ha ocurrido”.
Asimismo, Ábalos también ha rechazado que utilizara los pagos en metálico que recibió del PSOE durante su etapa al frente de la Secretaría de Organización del partido para blanquear el dinero conseguido del amaño de obra pública.
La Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada para investigar el caso después del escrito remitido por el instructor Leopoldo Puente.
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