La quiebra (también reputacional) de la UCM: alumni ilustre, deudas, EEUU y juez Peinado.
La universidad más grande de España, que sobrevivió a dictaduras y recortes, afronta ahora su crisis más profunda, con un rector cuestionado, un gobierno autonómico vigilante y un futuro incierto.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Rector de la UCM, Joaquín Goyache.
La Complutense fue durante décadas sinónimo de saber, debate y resistencia.
Hoy, sus columnas centenarias sostienen algo más frágil: una institución ahogada por las deudas y erosionada por la política.
En sus aulas se respira incertidumbre; en sus despachos, silencio.
La universidad más grande de España, que sobrevivió a dictaduras y recortes, afronta ahora su crisis más profunda, con un rector cuestionado, un gobierno autonómico vigilante y un futuro que pende de un crédito.
Asfixia financiera y riesgo de colapso.
La situación económica de la UCM es crítica. Este mismo otoño, salió a la luz que la universidad no podría pagar las nóminas de sus 11.400 empleados a finales de año si no recibe un rescate urgente en forma de préstamo.
En concreto, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha negociado un crédito de unos 34 millones de euros para evitar la suspensión de pagos en la Complutense.
El propio rectorado admitió que sin ese balón de oxígeno financiero sería “insostenible” afrontar los sueldos de diciembre y la paga extra de Navidad.
La palabra “intervención” –en referencia a una posible tutela o control directo de la universidad por parte del Gobierno regional– ha llegado a planear sobre los pasillos de la UCM, algo impensable hasta hace poco en una institución de su tamaño.
Detrás de esta asfixia financiera subyace un problema estructural: la infrafinanciación crónica de las universidades públicas madrileñas en la última década.
En el caso de la Complutense, los rectores llevan años denunciando que los recursos aportados por la Comunidad de Madrid no han seguido el ritmo del aumento de costes y necesidades.
De hecho, las transferencias anuales del gobierno regional a la UCM siguen por debajo de niveles de 2010 en términos reales, pese a que la inflación ha subido en torno a un 40% en ese periodo.
Esta brecha ha obligado a Goyache a aplicar recortes drásticos: a finales de 2024 se congelaron los presupuestos y se ordenó una reducción del 35% en las partidas de facultades y vicerrectorados, un tijeretazo histórico que ha dejado a muchas áreas sin recursos para actividades básicas.
Hoy la universidad se ve forzada a retrasar contrataciones de profesores, recortar ayudas de investigación y hasta limitar prácticas externas de alumnos por falta de fondos.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo de Ayuso se insiste en que la Complutense “debe hacer su parte” ajustando el gasto, al tiempo que se presenta el préstamo extraordinario como una muestra de apoyo.
Para buena parte de la comunidad universitaria, sin embargo, ese crédito es solo un parche que incrementa la deuda y que no compensa años de desinversión pública en la institución.
El clima interno es de inquietud y malestar. Sindicatos, profesores y estudiantes advierten que, de no solucionarse el déficit estructural, la UCM se encamina a un colapso financiero.
Ya en primavera de este año una huelga paralizó las clases en protesta por la falta de recursos, y no se descartan nuevas movilizaciones.
La mayor universidad de España, emblema de la educación pública, enfrenta así un momento delicado en que su viabilidad económica está en entredicho.
La alianza incómoda entre Goyache y Ayuso.
En medio de esta tormenta económica, Joaquín Goyache, rector de la UCM desde 2019 (reelegido en 2023), se ha convertido en una figura polémica.
Por un lado, Goyache ha reclamado insistentemente más financiación para la Complutense y ha llegado a criticar en público la falta de apoyo del gobierno autonómico.
Sin ir más lejos, se unió al resto de rectores madrileños en una carta abierta a Ayuso el pasado año alertando que la situación era crítica y exigía soluciones.
No obstante, muchos observadores y miembros de la comunidad universitaria perciben que, al mismo tiempo, el rector se pliega a los deseos de Ayuso en decisiones clave, en un intento de mantener buena sintonía con la presidenta regional.
Esta dualidad –reivindicar fondos pero evitar enfrentarse abiertamente al poder político– ha suscitado críticas de oportunismo y falta de firmeza.
El ejemplo más simbólico de esta cercanía fue el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como “Alumna Ilustre” de la UCM.
En enero de 2023, la Facultad de Ciencias de la Información (donde Ayuso estudió periodismo) decidió distinguirla como antigua alumna destacada.
La iniciativa contó con el respaldo del rectorado, pese a que buena parte del alumnado y profesorado mostraron su oposición frontal.
El nombramiento de Ayuso –en pleno año preelectoral madrileño– desató protestas en el campus, recogida de firmas y hasta la dimisión de algunos cargos académicos.
El día de la entrega del título honorífico, cientos de estudiantes se concentraron a las puertas de la facultad coreando consignas como “Ayuso non grata” para expresar su rechazo.
La polémica alcanzó tal magnitud que tensionó la convivencia universitaria y salpicó la imagen de independencia política de la Complutense.
Meses después, el propio Goyache admitió públicamente que había sido “un error” otorgar ese reconocimiento en aquel momento, reconociendo que la decisión –percibida como un gesto de favor hacia Ayuso– perjudicó el clima electoral interno de la universidad.
Pese a todo, el rector defendió entonces el mérito profesional de Ayuso como exalumna, tratando de justificar un homenaje que, según sus críticos, redujo a la UCM a “plataforma de campaña” de la presidenta madrileña.
Otro episodio que ilustra la delicada relación entre la UCM y el Gobierno regional fue el viaje institucional a Estados Unidos emprendido en junio de 2025.
Ayuso organizó una gira por Miami y Nueva York con el objetivo de promocionar las universidades madrileñas –públicas y privadas– bajo la campaña “Estudia en Madrid”, buscando atraer estudiantes internacionales e inversiones.
Entre la comitiva viajaba el rector Goyache, junto a otros tres rectores de universidades públicas de la región.
La iniciativa, en teoría destinada a posicionar a Madrid como destino académico de excelencia, se desarrolló en un contexto controvertido: el Gobierno de Ayuso acababa de proponer una nueva Ley de Universidades regional que generaba un profundo rechazo en la comunidad universitaria (incluyendo medidas disciplinarias muy criticadas), y la Complutense atravesaba ya graves aprietos financieros.
Del caso Begoña Gómez al “marco” del juez Peinado.
La reputación de la UCM también ha quedado en entredicho por sus vaivenes en un sonado caso judicial: la investigación en torno a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y exdirectora de una cátedra en la Complutense.
La causa, impulsada por una denuncia de un grupo ultraconservador, la instruye el juez Juan Carlos Peinado y se centra en posibles irregularidades en la gestión de un software asociado a una cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez codirigió en la UCM.
En un primer momento, la propia universidad había mantenido una posición prudente e incluso favorable a Gómez: diversos informes internos señalaron que el software en cuestión era de uso gratuito y no generó lucro, lo que dificultaría sostener acusaciones de apropiación indebida o corrupción.
De hecho, en 2024 la UCM no se personó en el procedimiento porque no apreciaba perjuicio económico para sus intereses.
Sin embargo, recientemente se produjo un giro inesperado. A comienzos de octubre de 2025, la UCM anunció que se personaba “como perjudicada” en el caso Begoña Gómez, dando un vuelco a su postura.
Esta decisión llegó justo después de que el juez Peinado invitara formalmente a la universidad a entrar en la causa al considerar que podría haber sido víctima de un posible daño patrimonial (al registrarse fuera de la UCM la marca y el dominio web del proyecto de la cátedra).
En la práctica, el rector Goyache firmó un escrito asumiendo el rol de acusación civil para reclamar una eventual reparación por parte de Gómez si se demostrase un perjuicio económico a la institución.
Un futuro incierto.
En suma, la UCM enfrenta una tormenta perfecta. A los problemas económicos graves –que requieren soluciones estructurales y compromiso financiero sostenido por parte de las administraciones– se suma la erosión de su autonomía y prestigio a raíz de decisiones controvertidas.
La “quiebra” de la Complutense no es solo contable; es también moral y reputacional, con una comunidad académica desmoralizada por los recortes y avergonzada por algunos episodios recientes.
La Complutense de Madrid, fundada hace casi 200 años, ha superado crisis históricas y cambios de régimen; hoy, de nuevo, se ve forzada a luchar por su supervivencia.
De cómo maneje este equilibrio entre sanear sus cuentas y limpiar su nombre dependerá que la UCM pueda recuperar el brillo perdido y seguir siendo un referente de la educación pública en España, en lugar de un triste ejemplo de quiebra –económica y reputacional– ante la mirada de todos.
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