La UCO ignoró el bulo de Miguel Ángel Rodríguez en su informe clave sobre el correo de la pareja de Ayuso.
Los agentes de la Guardia Civil, uno de ellos el teniente coronel Antonio Balas, ratificaron en el Supremo el dossier sobre los mensajes de la fiscal Pilar Rodríguez y reconocieron que no incluyeron muchas noticias y hechos que la Fiscalía y la Abogacía del Estado consideran clave para pedir la absolución del fiscal general.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que firmaron hace un año el informe clave de la causa contra el fiscal general comparecieron durante más de una hora ante el juez Ángel Hurtado y lo hicieron, sobre todo, para explicar con qué criterio eligieron noticias, mensajes y publicaciones para contextualizar sus acusaciones contra Álvaro García Ortiz.
Fue una comparecencia tensa entre los agentes y la Abogacía del Estado que puso de manifiesto que, entre otras ausencias, no se tuvo en cuenta que en la noche del 13 de marzo de 2024 Miguel Ángel Rodríguez difundió un bulo sobre el caso que protagonizó la vorágine interna de la Fiscalía.
El teniente coronel Antonio Balas fue uno de los guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO) que encabezó el registro al despacho del fiscal general siguiendo órdenes del juez Ángel Hurtado el 30 de octubre del año pasado.
Una semana antes, Balas había estado en esa misma Fiscalía participando en un taller sobre lucha contra el blanqueo de capitales y, durante la diligencia, incautó los mensajes, correos y llamadas de Álvaro García Ortiz mientras sus compañeros de unidad hacían lo mismo, con más éxito, en el despacho de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
Para entonces el nombre de Balas no era conocido para el gran público.
Fue unos meses más tarde cuando trascendió que una militante del PSOE y antiguo alto cargo de Correos, la ahora imputada Leire Díez, había contactado con varias personas buscando información comprometedora sobre este teniente coronel de la Guardia Civil cuya unidad ha encabezado la parte policial de algunas de las causas judiciales más relevantes del momento: el ‘caso Koldo’ o la causa contra Begoña Gómez, así como la investigación contra Cristóbal Montoro y su antiguo despacho, entre otras.
Balas y su compañero comparecieron como peritos ante el juez Hurtado en el Supremo el pasado 16 de mayo, unos días antes de que trascendieran los audios en los que Leire Díez pedía información sobre él.
Una declaración en la que defendían el informe clave del caso contra el fiscal general: el análisis de los mensajes y correos encontrados en el despacho de la fiscal Pilar Rodríguez.
Un informe que Hurtado ha esgrimido como clave de bóveda de la acusación contra García Ortiz en el último año.
Los mensajes permitían dibujar con claridad el frenesí interno de la Fiscalía en la noche del 13 de marzo después de que Miguel Ángel Rodríguez lanzara su bulo sobre el caso de Alberto González Amador, y los que llevaron a la UCO a concluir que la filtración de su confesión venía de la Fiscalía con un papel “preeminente” del fiscal general del Estado.
Al principio de su comparecencia, los dos guardias civiles cumplieron con la formalidad de ratificar el informe, empezando entonces una declaración tensa entre ellos, los abogados del Estado y la teniente fiscal del Tribunal Supremo, que en dos semanas se repetirá durante el juicio.
El bulo de MAR, omitido en el informe.
El informe desgrana el intercambio de mensajes sobre el caso de González Amador entre la cúpula de la Fiscalía desde el 8 hasta el 14 de marzo de 2024.
Desde que, a través de una dación de cuentas, solicitó la información sobre la causa de fraude fiscal al afectar a una figura pública y hasta que reclamaron los correos al fiscal Julián Salto.
Los agentes cruzan esos mensajes y sus horas con varias noticias de prensa para señalar, finalmente, a la Fiscalía como origen de la filtración.
Pero, tal y como recordó la Abogacía del Estado, no consideraron todas las noticias ni todos los hitos relevantes del caso.
La pregunta fue lanzada por la Abogada del Estado: “El tuit que puso de manifiesto el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el señor Miguel Ángel Rodríguez, en torno a las 22:41, que afirmaba que era la Fiscalía la que ofrece un pacto y la misma Fiscalía ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo y vaya a juicio? ¿Lo tuvieron en cuenta y lo valoraron?”.
Los agentes hablan entre ellos antes de explicar uno que “no, no se vio” y otro que “se vio después en otro informe”.
El mensaje en el que Miguel Ángel Rodríguez dejaba por escrito el bulo que llevaba horas difundiendo entre la prensa no aparece en los informes de la Guardia Civil hasta un mes después.
Cuando analizan el contenido del teléfono de Juan Lobato, entonces líder del PSOE madrileño.
Un bulo que el propio jefe de gabinete de Ayuso reconoció ante el juez Hurtado como testigo ya en enero de 2025: “No es información, pero tengo el pelo blanco”.
Miguel Ángel Rodríguez empezó a difundir entre varios medios sobre las siete y media de la tarde del 13 de marzo que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador pero que se había retirado por “órdenes de arriba”, mensaje que desató las primeras alarmas en el Ministerio Público dos horas antes de que El Mundo publicase la primera información sobre esas conversaciones.
Buena parte de la declaración de los dos guardias civiles en el Supremo se centró en por qué habían seleccionado unas informaciones de prensa, y omitido otras, para contextualizar los mensajes internos de la Fiscalía de esa noche para terminar apuntando al fiscal general.
“¿Por qué unas sí y otras no?”, preguntó la Abogada del Estado. “Ni decidí ni no decidí, eso lo dice usted”, explicó Balas.
“Yo incluyo aquí lo que considero en ese momento que era necesario incluir”, añadió poco después.
La Abogacía del Estado y la Fiscalía consideran clave desde el principio de la causa que varios medios de comunicación ya hubieran hecho alusión a las negociaciones entre el abogado de González Amador y la Fiscalía antes de que el fiscal general tuviera esos correos en su poder.
Por eso la defensa de Pilar Rodríguez, entonces imputada y ahora exonerada, preguntó varias veces por la razón de no haber incluido en ese contexto del informe noticias de La Sexta o de la antena de la Cadena SER que aludían al correo.
Los guardias civiles explicaron que, a su juicio, en esas noticias previas los periodistas no tenían el contenido literal del informe aunque aludieran a él y citaran expresiones textuales como “ciertamente”.
Para cuando los dos agentes de la Guardia Civil testificaron en el Supremo, el papel de la Unidad Central Operativa en el caso había sido cuestionado varias veces por el fiscal general y la fiscal provincial, hasta el punto de que Hurtado salió en defensa de los agentes en una providencia a finales del año pasado.
Esa tensión fue palpable rápidamente durante el interrogatorio, sobre todo de la Abogada del Estado: “No me tiene que hacer a mi las preguntas”, llegó a solicitar al agente Balas.
Un informe clave en la causa.
La comparecencia de algo más de una hora a la que ha tenido acceso elDiario.es gira en torno a la diligencia clave de la causa, cuyo resultado ha permitido llevar el caso a juicio: el registro de los despachos del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid.
Del análisis del teléfono de la segunda, entonces imputada y hoy ya solo testigo de cara al juicio, salieron los mensajes esgrimidos por el juez desde noviembre del año pasado para apuntar a Álvaro García Ortiz como filtrador, aunque ninguno refleja que él difundiera ese correo a la prensa o diera órdenes de hacerlo a sus subordinados.
Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía consideran que ese primer informe de la UCO condicionó la causa con sus conclusiones, pero también con sus omisiones: no reflejando que, por ejemplo, La Sexta ya publicó a las 22:10 horas de esa noche que existía una oferta de pacto de fraude fiscal de la pareja de Ayuso, aunque no reflejaran el contenido literal del correo.
García Ortiz defiende que no tuvo la “secuencia completa” de los correos hasta casi la medianoche.
Ese informe también sirvió para imputar temporalmente a Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica y uno de los colaboradores más cercanos al fiscal general, aunque fue posteriormente exonerado.
Y para poner bajo sospecha la actividad de la fiscal provincial de Madrid al reflejar de forma sesgada mensajes de un “plan profesional” cuando, en realidad, son conversaciones que tratan sobre un problema médico, tal y como reconocieron los propios peritos en el interrogatorio.
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