Ayuso trata de paralizar en el Supremo la transparencia del chiringuito de Aguirre en el que trabajó y que pagó dos millones a Montoro.
El TSJM dejó tumbó la justificación de la región, que indicaba que esta información podía “causar perjuicios a los intereses económicos de indeterminadas entidades”.
Isabel Díaz Ayuso observa a Esperanza Aguirre. Archvo
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha presentado en las últimas horas un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) para mantener ocultas las cuentas de Madrid Network, el chiringuito en el que trabajó la ahora lideresa madrileña que creó su antecesora Esperanza Aguirre.
Concretamente, parece que la responsable regional busca mantener en la sombra dónde fueron a parar los 80 millones de dinero público que el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, transfirió a la capital de España para investigación, desarrollo e innovación.
Casi dos millones al exministro de Hacienda.
El recurso pretende anular una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) y que obliga a la Comunidad permitir el acceso a todas las memorias anuales de la firma, que destinó el dinero a varias empresas, entre ellas Equipo Económico S.L, del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la que transfirió cerca de dos millones de euros (1,8 millones).
En concreto, entre 2008 y 2011, Madrid Network inyectó a cambio de servicios que todavía se desconocen la cantidad estimada a la compañía de Montoro que, cabe recordar, se encuentra en estos momentos investigada por supuesta corrupción.
La mercantil de uno de los hombres fuertes de José María Aznar y, sobre todo, de Mariano Rajoy recibió asimismo pagos directos –414.360 euros– de la administración de la Puerta del Sol a lo largo de esos años.
Ayuso cobraba 4.219 euros al mes por trabajar en el área de comunicación, antes incluso de ser diputada de la Asamblea, donde comenzó precisamente en 2011.
La resolución del TSJM va en contra de los motivos esgrimidos por la Autonomía para ocultar las cuentas. En 2021, la Comunidad madrileña estimó que arrojar estas cifras “implica un real, claro y directo daño sobre los intereses económicos de numerosas empresas que se citan en ellas”, entre la que se encuentra Equipo Económico.
“Interés público”.
Sin embargo, en su sentencia del mes de abril, el tribunal contempla que “existe un claro interés general y público en saber cómo la Comunidad de Madrid ha ido prestando dinero a esta Asociación desde hace años” e insiste en la Ley de Transparencia, que “extiende el ámbito de los sujetos obligados al cumplimiento de las obligaciones de transparencia a las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros”.
A pesar de que Ayuso no trabaja ya en ella, el chiringuito ha seguido recibiendo dinero del Ejecutivo de la región hasta el año pasado.
El tribunal es muy claro. Por un lado, aplica en su sentencia que “la Administración actora no ha justificado suficientemente qué datos o extremos de las memorias solicitadas pueden ser susceptibles de causar perjuicios a los intereses económicos y/o comerciales de indeterminadas entidades, ni tampoco que esos daños puedan configurarse como reales y efectivos y no simplemente potenciales”.
Y acentúa por otro lado: “En la ponderación de los intereses públicos y privados que pudieran enfrentarse en este sentido, deben prevalecer claramente los intereses públicos derivados del derecho de cualquier ciudadano a conocer cómo se manejan los fondos públicos y el cumplimiento de los fines que justifican el otorgamiento de subvenciones”,
Empresas vinculadas al PP.
Entre las empresas que han recibido dinero de Madrid Network a un interés apenas del 1% y que no devolvieron el dinero aparecen dos compañía lideradas por Ildefonso de Miguel, mano derecha del expresidente Ignacio González o protagonista del caso Lezo; u otra que lideró el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, quien emprendió una cruzada judicial contra médicos del hospital Severo Ochoa acusándoles en falso de provocar la muerte de pacientes mediante sedación terminal.
Para más inri, en el momento en el que se produjeron los pagos, la Consejería madrileña de Hacienda estaba bajo el mano de Antonio Bateta, quien fuera alto cargo de Montoro.
Asimismo, todavía quedan pendientes de amortizar más de cinco millones de euros de un préstamo concedido en 2010, lo que dejaría en unos 70 millones los impagos de esta entidad sin que existan datos de este ejercicio económico ni el anterior.
Entretanto, a fecha de hoy se mantiene intacta la lista oficial de empresas que se beneficiaron de aquel préstamos de 80 millones de euros repartidos a partir de 2011, que la firma debería ir devolviendo a la Comunidad de Madrid para que ésta a su vez lo transfiera al Gobierno central.
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