El JUEZ ARRIETA PILLA a PERIODISTAS PROGRES MINTIENDO para SALVAR al FISCAL! ¡Y PASA ESTO!.

 

 

 

 

El caso del correo del novio de Ayuso sacude el Supremo y reabre el debate sobre la filtración y el papel de los medios.

 

 

 

La comparecencia ante el Tribunal Supremo del periodista que publicó las primeras informaciones sobre el correo del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha aportado nuevos detalles a un caso que sigue tensando la relación entre la justicia, la política y los medios de comunicación.

 

 

 

La investigación, centrada en determinar si hubo una revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha expuesto una compleja trama de tiempos, fuentes y responsabilidades que amenaza con salpicar a varios niveles de poder institucional.

 

 

 

Durante la sesión, el periodista defendió la veracidad de la información publicada en marzo de 2024, que adelantaba que la Fiscalía había ofrecido a González Amador un acuerdo de conformidad por dos delitos fiscales.

 

 

Sin embargo, el tribunal le confrontó con los registros de publicación y distribución de la nota de prensa oficial, que fue enviada a los medios casi 40 minutos después de que su artículo viera la luz.

 

 

Este detalle, aparentemente técnico, se convirtió en uno de los ejes centrales de la vista oral.

 

 

A preguntas de la acusación particular, el periodista insistió en que nunca tuvo acceso a la nota de prensa de la Fiscalía antes de su difusión pública, y que su noticia se elaboró a partir de fuentes con conocimiento directo de las negociaciones entre la defensa del empresario y el Ministerio Público.

 

 

“Jamás tuve la nota antes de su distribución; trabajamos con información verificada por nuestras fuentes”, afirmó ante el Supremo.

 

 

Pese a su insistencia, los magistrados remarcaron la coincidencia temporal entre la publicación del artículo y los datos reservados que aún no habían sido hechos públicos.

 

 

La declaración permitió reconstruir el recorrido de la información desde las primeras filtraciones sobre las conversaciones entre González Amador y la Agencia Tributaria hasta la publicación del famoso correo interno del 12 de marzo, cuyo contenido fue difundido por varios medios y atribuido a la Fiscalía.

 

 

 

El periodista reconoció que conocía la “textualidad” del correo, aunque no lo tuvo en su formato original, y que le fue facilitado por escrito a través de fuentes de confianza.

 

 

“No recibí el correo, pero sí el texto exacto que contenía”, explicó, amparándose en su derecho al secreto profesional para no revelar la identidad de quienes le proporcionaron esos datos.

 

 

El Supremo quiso aclarar también cómo se obtuvo la información sobre las supuestas ofertas y contraofertas entre la Fiscalía y la defensa del empresario.

 

 

Según declaró el periodista, las fuentes le trasladaron que existía una negociación abierta, con una propuesta de pago de unos 400.000 euros y una posible admisión de delitos a cambio de evitar la prisión.

 

 

En su artículo, publicado originalmente a las 9:42 del 14 de marzo, señalaba que la Fiscalía “había lanzado su propuesta apenas dos horas después de que estallara el caso”.

 

 

Esa rapidez, dijo, le pareció “llamativa” y justificada como un elemento noticioso, al no ser habitual que la iniciativa de un pacto parta de la acusación pública.

 

 

Durante la sesión, el tribunal recordó que al día siguiente de la primera publicación, el medio amplió la noticia incorporando datos procedentes de la nota oficial, donde se recogía que el letrado de González Amador había ofrecido un pacto basado en el reconocimiento de dos delitos fiscales.

 

 

El periodista explicó que esa ampliación respondía a un esfuerzo por “enriquecer la información inicial” y que se hizo tras la publicación de otros medios como El Mundo, que añadieron nuevos matices al relato.

 

 

Uno de los momentos más tensos llegó cuando la acusación le preguntó si su medio se había adelantado a la difusión oficial por haber recibido filtraciones desde la propia Fiscalía.

 

 

Él lo negó tajantemente y reiteró que las fuentes eran “próximas a la defensa del empresario” y al entorno político de la Comunidad de Madrid.

 

 

Esa afirmación coincide con lo que figura en la noticia original, que citaba expresamente “fuentes cercanas a la defensa”. Sin embargo, el tribunal destacó la similitud entre el titular publicado por su medio y otro casi idéntico aparecido en Vozpópuli apenas 17 minutos antes, una coincidencia que el periodista atribuyó a la casualidad.

 

 

El interrogatorio también abordó la naturaleza del correo del 12 de marzo, pieza clave en la acusación contra el fiscal general.

 

 

En dicho mensaje, supuestamente interno, se recogían detalles sobre la posición de la Fiscalía en la negociación con González Amador.

 

 

El periodista reconoció que había recibido el texto íntegro de ese correo, aunque no el documento original, y que decidió publicarlo por su relevancia informativa y su interés público.

 

 

“Nosotros teníamos conocimiento de los hechos principales: que González Amador había ofrecido un acuerdo en vía administrativa y que había abonado una cantidad próxima a 400.000 euros.

 

 

A partir de ahí, la fiscalía lanzó una propuesta en el mismo procedimiento. Eso es lo que contamos”, explicó.

 

 

Más allá del plano judicial, el caso ha tenido una fuerte repercusión política.

 

 

Desde el Gobierno central se ha acusado a la derecha mediática de intentar desacreditar al fiscal general con informaciones parciales y manipuladas.

 

 

En cambio, desde el Partido Popular y la Comunidad de Madrid se ha denunciado un supuesto “uso partidista” de la Fiscalía para perjudicar a Ayuso.

 

 

El propio Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, declaró días antes ante el mismo tribunal, reivindicando su condición de periodista y asegurando que “cuidar la reputación de la presidenta” era una de sus obligaciones.

 

 

Sus palabras fueron interpretadas por parte del entorno judicial como un reconocimiento indirecto de la utilización política de la información.

 

 

En el plano mediático, la controversia ha reabierto el debate sobre los límites del periodismo político y la relación entre la prensa y el poder.

 

 

Mientras asociaciones de periodistas defienden el derecho al secreto profesional y a la protección de las fuentes, algunos expertos subrayan la necesidad de mayor transparencia en el uso de filtraciones judiciales.

 

 

En este contexto, el caso de la pareja de Ayuso se ha convertido en un laboratorio que pone a prueba la independencia de los medios, la ética profesional y la solidez institucional del sistema judicial.

 

 

El Supremo deberá ahora valorar si existió realmente una revelación de secretos y si hubo una intromisión indebida en la investigación fiscal.

 

 

De momento, las declaraciones han dejado más preguntas que respuestas.

 

 

Lo que parece evidente es que el episodio ha erosionado aún más la confianza entre la justicia, la política y el periodismo, tres esferas que, en teoría, deberían funcionar separadas, pero que en este caso se han entrelazado hasta el punto de confundirse.