CASO FISCAL GENERAL | Lastra, sobre la llamada de García Ortiz: “Le dije ‘has filtrado los correos'”.
Crisis de comunicación y transparencia en la Fiscalía de Madrid: el caso González Amador bajo el foco mediático.
La gestión de la comunicación institucional en la Fiscalía Superior de Madrid ha quedado expuesta en uno de los episodios más delicados de los últimos años: el caso González Amador.
Este proceso, que involucra al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en jaque los protocolos internos, la relación con los medios y la capacidad de reacción ante una presión mediática sin precedentes.
Más allá de los hechos judiciales, el caso se ha convertido en un termómetro de la transparencia pública y la ética profesional en la administración de justicia.
La mañana del 14 de marzo comenzó agitada para los altos cargos de la Fiscalía. A las 9:10, el fiscal general del Estado realizó una llamada decisiva.
Sin saludos ni rodeos, la conversación arrancó con una pregunta que resumía la tensión del momento: “¿Has filtrado los correos?”.
La respuesta fue elocuente, aunque evasiva: “Eso ahora no importa. Hay que sacar la nota cuanto antes”.
Esta urgencia, que se imponía sobre el debate acerca de la filtración, marcó el tono de la jornada y evidenció la prioridad institucional de controlar el relato público antes que esclarecer la posible fuga de información.
La testigo principal, responsable de comunicación, relató ante el tribunal cómo la presión por emitir una nota de prensa se convirtió en el eje de la crisis.
La negativa de Iñigo Corral a publicar el comunicado, sumada a la insistencia del fiscal general, reveló el conflicto interno entre la prudencia profesional y la necesidad política de dar respuesta inmediata a las informaciones que circulaban en los medios.
Lo que para la Fiscalía era un asunto sensible, para el entorno mediático se había transformado en una noticia de primera plana, alimentada por filtraciones y mensajes cruzados entre periodistas y funcionarios.
La conversación con el fiscal general del Estado, según la testigo, dejó una huella emocional profunda: “Eso ahora no importa”, dijo él, refiriéndose a la filtración.
Pero para ella, la integridad del proceso sí era relevante. La pregunta sobre si se habían filtrado los correos fue directa, y aunque la respuesta evitó el fondo del asunto, la urgencia por publicar la nota de prensa se impuso como prioridad.
En paralelo, la testigo aclaró que la relación entre la Fiscalía y los periodistas no había estado marcada por presiones previas sobre el caso. Nadie había preguntado por la existencia de procedimientos contra González Amador antes de que la información saltara a la luz.
De hecho, el desconocimiento sobre la relación personal entre el investigado y la presidenta de la Comunidad de Madrid era absoluto hasta que los hechos se hicieron públicos.
La gestión de la crisis, por tanto, se desarrolló en un contexto de sorpresa y reacción, más que de planificación o anticipación.
El relato reconstruido en sede judicial muestra cómo la cadena de llamadas y correos entre los fiscales superiores, la decana de delitos económicos y los responsables de comunicación se convirtió en un ejercicio de contención y coordinación.
La preocupación por la filtración de correos y la posible exposición de la estrategia de defensa del investigado llevó a la responsable de comunicación a insistir en la necesidad de prudencia: “Por favor, Pilar, no hagas nada, deja que me ocupe yo.
Los van a filtrar”. El temor a que la información sensible acabara en manos de los periodistas era palpable, y la consigna interna fue clara: evitar cualquier acción precipitada.
La gestión de la nota de prensa, según el testimonio, fue objeto de debate intenso.
El encabezado del borrador ya generaba dudas, y el contenido, excesivo en detalles, fue considerado inapropiado para la situación.
La responsable de comunicación defendió que una nota breve y precisa habría bastado para desmentir la información incorrecta sin comprometer la confidencialidad del proceso penal.
“Hubiera bastado con señalar que la información es falsa, que el procedimiento sigue los cursos habituales y que no se ha dado ninguna instrucción para retirar ningún acuerdo”, explicó.
La experiencia acumulada en la emisión de más de 300 notas de prensa el año anterior respaldaba esta visión: la transparencia debe ser compatible con la protección de los derechos y estrategias de los investigados.
El caso puso de manifiesto la importancia de los protocolos jerárquicos en la transmisión de información dentro de la Fiscalía.
Lo habitual, según la testigo, es que el área informe al provincial, el provincial al superior y este último a la Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, la excepcionalidad del caso llevó a que el fiscal general pidiera cuentas directamente, lo que alteró el flujo habitual y aumentó la presión sobre los responsables internos.
La dimensión mediática del caso González Amador fue amplificada por la intervención de periodistas influyentes y la circulación de rumores en chats privados.
La noticia sobre el supuesto pacto ofrecido por la Fiscalía y retirado por “órdenes de arriba” se convirtió en el eje de la controversia, alimentando la percepción de injerencias políticas y falta de transparencia.
Los periodistas, especialmente el vicedirector de El País, José Manuel Romero, jugaron un papel clave en la difusión de la información, mientras desde la Fiscalía se intentaba contener el daño y mantener la integridad del proceso.
La responsable de comunicación subrayó que la filtración de información nunca es deseable, especialmente cuando compromete el trabajo de los fiscales y la confidencialidad de los procedimientos.
La gestión de la crisis, marcada por llamadas nocturnas y mensajes de WhatsApp, reflejó la dificultad de mantener el control en un entorno de alta presión mediática.
El impacto emocional de la situación quedó patente en la reacción de los implicados, algunos de los cuales llegaron a plantear su dimisión ante la imposición de publicar una nota que consideraban inapropiada.
El debate sobre la oportunidad y el contenido de la nota de prensa revela la tensión entre la obligación de informar y el deber de proteger la estrategia de defensa.
La responsable de comunicación insistió en que no era necesario desvelar si el investigado había reconocido o no los hechos, ya que en muchos casos los abogados exploran acuerdos preliminares sin consultar a sus clientes.
La prudencia y el respeto a la confidencialidad deben prevalecer sobre la presión mediática, especialmente cuando se trata de figuras públicas o asuntos de gran repercusión.
La crisis de comunicación vivida en la Fiscalía de Madrid pone sobre la mesa la necesidad de revisar los protocolos internos y fortalecer la formación de los responsables de prensa.
La transparencia institucional es un valor esencial, pero debe articularse de manera que no comprometa los derechos de los investigados ni la eficacia de los procedimientos penales.
El equilibrio entre información y protección es delicado, y requiere una gestión profesional, coordinada y basada en la experiencia.
El caso González Amador, más allá de sus implicaciones judiciales, constituye una lección sobre los desafíos de la comunicación pública en contextos de alta exposición mediática.
La presión por controlar el relato, la urgencia en la emisión de comunicados y el temor a las filtraciones son elementos que deben ser abordados con rigor y responsabilidad.
Solo así será posible preservar la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar la legitimidad del sistema judicial.
En definitiva, la gestión de la crisis en la Fiscalía Superior de Madrid durante el caso González Amador ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la transparencia, la coordinación interna y la formación especializada en comunicación institucional.
La experiencia acumulada y la reflexión sobre los errores cometidos deben servir como base para la mejora de los protocolos y la consolidación de una cultura de información pública responsable y respetuosa con los derechos fundamentales.
