González Amador quiso cerrar su caso “rápido y sin ruido” para no afectar a Ayuso y acusa al fiscal de matarlo “públicamente”.
La pareja de la presidenta madrileña ha declarado este martes ante el Supremo en calidad de testigo junto al jefe de gabinete del Gobierno regional, Miguel Ángel Rodríguez.
La pareja de la presidenta madrileña ha declarado este martes ante el Supremo en calidad de testigo junto al jefe de gabinete del Gobierno regional, Miguel Ángel Rodríguez.
En la segunda jornada de declaraciones ante el juez del Tribunal Supremo en la causa sobre el fiscal general del Estado por la presunta filtración del correo del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido el turno este marte de los respectivos interrogatorios de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y del empresario Alberto González Amador.
Este último ha vuelto a insistir que su intención era que su caso se cerrase “rápido y sin ruido” para no perjudicar públicamente a su pareja.
En respuesta a las preguntas formuladas por el juez Ángel Hurtado, instructor del Supremo que investiga al fiscal Álvaro García Ortiz, el novio de Díaz Ayuso ha explicado que siempre pensó que Hacienda le abrió una inspección fiscal por ser pareja de la presidenta madrileña, reiterando así que pidió que todo claudicase “rápido y sin ruido”.
En la misma dirección, ha insistido en una teoría que se ha demostrado incierta al decir que él tenía “la intuición de que ellos sabían quién era”, en clara alusión a la inspección de Hacienda y su relación sentimental con la principal mandataria del Ejecutivo de la Puerta del Sol.
“Les dije que no quería que eso le pudiera perjudicar a ella”, ha reiterado, exigiendo así a su defensa en el caso que acabasen con la cuestión lo antes posible.
González Amador, al fiscal general: “Me ha matado públicamente”.
De la misma manera, preguntado por si “había intervenido en la confección de algún email”, en referencia al correo electrónico que envió su defensa, en manos del abogado Carlos Neira, para pedir a la Fiscalía un pacto de conformidad en el que reconoció la comisión de dos delitos fiscales, este ha contestado que “jamás” participó en ello.
Ha reiterado a su vez el enfado que sintió al conocer el movimiento de su abogado y que no esperaba las consecuencias que han terminado derivándose: “Me enfadé profundamente. (…) Jamás en mi vida pensé que un correo mío enviado a la Fiscalía se fuera a filtrar.
Hemos entrado en otra dimensión, tenemos un problema bastante grande”, ha trasladado.
En cuando al papel del fiscal general del Estado en esta cuestión, González Amador ha lamentado que, en el momento que trascendió públicamente este correo, se convirtió “en el delincuente confeso” de España.
“El fiscal general del Estado me había matado públicamente”, ha condenado.
En estos términos, ha explicado ante el juez Hurtado que, en el momento en que se publicó la nota de prensa de la Fiscalía, su pensamiento fue claro: “Estoy muerto”, ha trasladado.
“Todo lo que rige mi vida tiene que ver ya con eso. Si me compro un coche, es que soy un delincuente confeso”, ha lamentado en sede judicial.
Miguel Ángel Rodríguez defiende que González Amador solo quiso “llegar a un acuerdo”.
Previamente a la declaración del novio de Ayuso ante el Supremo, el turno ha sido del jefe de gabinete del Gobierno madrileño, quien se ha remitido a volver a expresar lo mismo que en el pasado mes de enero, cuando reconoció que se inventó parte de su mensaje difundido en redes sociales para acusar al Ministerio Público de la filtración del correo.
Este martes, en respuesta a las preguntas del abogado de González Amador, ha afirmado que el empresario “no quería llevar a Hacienda a los tribunales por la reputación” de Ayuso y que, por ende, “quería llegar a un acuerdo para que no se levantara una polvareda”.
En este punto, ha situado al novio de la presidenta madrileña como una “víctima”, además que ha reiterado su “intuición” sobre el caso al decir que “el fiscal general iría p’adelante”.
Rodríguez ha insistido en este punto en el bulo de que González Amador “es un español que ha querido llegar a un acuerdo y Hacienda no le ha permitido llegar a ese acuerdo”.
Cabe recordar que la Agencia Tributaria le investigó y le impidió zanjar el asunto con un pago fuera de plazo, ya que la cantidad presuntamente defraudada superaba los umbrales del delito fiscal y debía pasar por manos judiciales.
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