Iñaki López sentencia a Miguel Ángel Rodríguez tras su paso por el Supremo: sólo le basta una palabra.
El periodista ha analizado brevemente las claves de la declaración del jefe de gabinete de Ayuso ante el Alto Tribunal.
El regreso de Miguel Ángel Rodríguez al Tribunal Supremo ha vuelto a sacudir la actualidad política madrileña y mediática.
En una comparecencia cargada de tensión, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso insistió en su versión sobre la polémica filtración del correo electrónico del novio de la presidenta madrileña a la Fiscalía.
Su declaración, lejos de apaciguar los ánimos, ha reabierto el debate sobre los límites entre comunicación institucional y propaganda política.
Y la respuesta más contundente ha llegado, de nuevo, desde los medios: Iñaki López no necesitó más que una palabra para definir lo ocurrido.
El periodista y presentador de Más Vale Tarde (La Sexta) reaccionó con precisión quirúrgica a las palabras de Rodríguez.
Cuando este se definió ante el tribunal como “un periodista que trabaja en política”, López replicó en X (antes Twitter) con un comentario que rápidamente se viralizó: “Periodista no. Propagandista”.
Una sentencia breve, directa y devastadora que capturó el sentir de buena parte del sector mediático y del público ante la defensa del principal asesor de Ayuso.
El contexto de esta nueva declaración no es menor. Rodríguez compareció por segunda vez ante el Tribunal Supremo en el marco del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de una presunta revelación de secretos tras la difusión de correos vinculados a Alberto González Amador, pareja de Ayuso.
Durante su intervención, el jefe de gabinete del Gobierno de la Comunidad de Madrid intentó justificar su actuación, asegurando que se limitó a ejercer su labor como comunicador y a “proteger la reputación de la presidenta”. Sin embargo, sus palabras generaron aún más controversia.
Soy periodista y trabajo en política. No soy un notario que necesite compulsa”, afirmó Rodríguez ante el tribunal, en una defensa que muchos interpretaron como un intento de restar gravedad a la desinformación que difundió en redes sociales.
Según sus propias declaraciones, el mensaje que publicó sobre la Fiscalía “no tenía apoyo en ninguna fuente”.
Reconoció, de hecho, que se trató de una afirmación sin contraste ni verificación. Aun así, insistió en que “no era desacertada”.
El tono de su testimonio sorprendió incluso a observadores judiciales. Rodríguez describió a González Amador como “una víctima, no un delincuente”, pese a que la Agencia Tributaria había acreditado la comisión de dos delitos fiscales y descartado un acuerdo extrajudicial debido a que las cantidades defraudadas superaban los umbrales penales.
Su defensa se centró en la idea de que el empresario había querido “llegar a un acuerdo para que no se levantara polvareda”, minimizando el impacto de las actuaciones judiciales.
Las palabras de Rodríguez resonaron más allá de la sala del Supremo. En la arena política, los grupos de la oposición madrileña denunciaron la utilización de recursos públicos para la defensa de causas privadas y acusaron al entorno de Ayuso de instrumentalizar la comunicación institucional para proteger intereses personales.
La presidenta, por su parte, ha mantenido silencio sobre la nueva comparecencia de su jefe de gabinete, pero su entorno recalca que “no existe ninguna implicación directa” en los hechos investigados.
Mientras tanto, las reacciones mediáticas no se hicieron esperar. El comentario de Iñaki López, rotundo y medido, fue interpretado como una respuesta a la estrategia de Rodríguez de ampararse en su pasado como periodista para justificar actuaciones propias de un cargo político.
López, que ha sido una de las voces más críticas con la deriva comunicativa del PP madrileño, resumió en una sola palabra lo que para muchos define el perfil público del jefe de gabinete: un hombre de medios al servicio del poder.
En el ecosistema informativo, la frase “periodista no, propagandista” ha alcanzado una dimensión simbólica.
Numerosos profesionales del periodismo han compartido el mensaje de López, reivindicando la diferencia esencial entre informar y manipular.
El propio Rodríguez, que en los años noventa fue portavoz del Gobierno de José María Aznar, ha cultivado una reputación de comunicador agresivo, habituado a la confrontación y a las declaraciones provocadoras.
Pero ahora, la línea entre estrategia política y ética informativa vuelve a estar en el centro del debate.
El caso que lo lleva ante el Supremo ha evidenciado, además, el creciente poder de la comunicación institucional como herramienta política.
La publicación de bulos o filtraciones desde cargos públicos no es nueva, pero la implicación de una figura tan cercana a la presidenta de Madrid eleva el caso a un nivel institucional.
En su declaración, Rodríguez reiteró que “una de sus obligaciones como jefe de gabinete es cuidar la reputación de la presidenta”, subrayando que su intervención se limitó a evitar un daño de imagen.
Sin embargo, esa defensa fue percibida como una admisión indirecta de intromisión política en un proceso judicial.
Los expertos en derecho constitucional consultados por medios como El País y La Sexta coinciden en que este tipo de actuaciones “erosionan la confianza en las instituciones y confunden la frontera entre la información pública y la propaganda partidista”.
De hecho, varios juristas advierten que las declaraciones de Rodríguez podrían tener consecuencias disciplinarias si se demuestra que utilizó información interna con fines políticos.
Por otro lado, la reacción de Iñaki López no se limita a una crítica personal. Representa una llamada de atención al periodismo español sobre la responsabilidad de quienes han abandonado los estándares de verificación y pluralidad en favor de la comunicación partidista.
En un momento en que la desinformación se convierte en herramienta de poder, el término “propagandista” adquiere un peso político y ético que trasciende el debate puntual.
El silencio de Ayuso ante este nuevo episodio contrasta con el ruido mediático que lo rodea. En la Asamblea de Madrid, algunos diputados de la oposición han solicitado explicaciones sobre el papel de Rodríguez en la estrategia comunicativa del Gobierno regional.
Desde el PP, se ha intentado restar importancia al caso, alegando que “no hay delito alguno” y que se trata de “una persecución mediática”.
Sin embargo, el impacto reputacional es innegable: cada nueva comparecencia de Rodríguez en los tribunales reabre el debate sobre la transparencia, la ética institucional y el uso del poder mediático.
Mientras el proceso judicial sigue su curso, el eco de la frase de Iñaki López permanece flotando sobre el escenario político madrileño.
“Propagandista”. Una sola palabra que, para muchos, resume el conflicto entre periodismo y poder en la España actual.
Y que recuerda, con ironía amarga, que a veces una definición puede pesar más que cualquier sentencia.
