La ARMH exige la eliminación de calles y otros elementos que hagan referencia a Juan Carlos I.
La ARMH considera que para cumplir con la Ley de Memoria Democrática se deben eliminar las referencias al padre del rey Felipe VI puesto que “son exaltaciones de un dirigente de la dictadura”.
Fotografía de archivo de la portada del Diario Arriba del 20 de julio de 1974 cuando Juan Carlos de Borbón se convirtió en Jefe Estado en Funciones.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado este lunes un escrito dirigido a la Secretaría de Estado de Memoria reclamando que se retiren todos los elementos que hacen referencia a la figura de Juan Carlos de Borbón, ya que fue Jefe de Estado durante la dictadura franquista en dos ocasiones: entre el 19 de julio y el 2 de septiembre de 1974 y entre el 30 de octubre y el 20 de noviembre de 1975.
La ARMH argumenta que para cumplir con el Artículo 35 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática deben eliminarse las referencias sobre Juan Carlos de Borbón en denominaciones de calles, edificios y “cualesquiera otros elementos”.
Este artículo estipula que “se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura”.
Portada del diario La Vanguardia española del 1 de noviembre 1975.
“Juan Carlos ocupó la jefatura de Estado de la dictadura y eso le convierte en dirigente del franquismo”, explica Emilio Silva, presidente de la ARMH.
“Presidió consejos de ministros mientras había detenidos y torturados, miles de republicanos muriendo en el exilio sin poder volver a sus casas, censura en la cultura y los medios de comunicación y falta de libertades fundamentales”, añade.
Además, el punto tres del mismo artículo establece que “las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos”.
La ARMH dice en su comunicado que con motivo de los actos del Gobierno para la conmemoración de los 50 años de España en Libertad “conviene recordar que el próximo día 30 de octubre se cumplirán 50 años del día en el que Juan Carlos de Borbón asumió la jefatura del Estado”.
De esta forma se convirtió en dirigente de la dictadura como había designado el propio Franco al elegirlo como su sucesor.
“Muchas veces cuando la gente piensa en la Ley de Amnistía de 1977 y cree que protege a policías torturadores y alguno de sus jefes pero es una ley intocable porque garantiza la impunidad a todas las personas que formaron parte de la dictadura, de arriba abajo y de abajo a arriba”, concluye Silva.
Por eso la ARMH considera que “todos aquellos elementos en los que figure el nombre de Juan Carlos de Borbón son exaltaciones de un dirigente de la dictadura y deben ser tratadas como elementos contrarios a la memoria democrática como especifica la ley”.
En su comunicado exigen que “se utilicen todas las herramientas, incluida la legislación contencioso-administrativa para que así lo cumplan todas y cada una de las entidades (…) y se tomen las medidas previstas en la legislación para sancionar su incumplimiento”.
El debate sobre la memoria democrática y la retirada de símbolos franquistas sigue siendo uno de los temas más sensibles en la política española.
La exigencia de la ARMH pone de manifiesto la necesidad de revisar críticamente el legado de la transición y de abordar sin ambigüedades la responsabilidad de todos los actores implicados en la dictadura.
En este sentido, la aplicación de la Ley de Memoria Democrática se convierte en una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa y consciente de su pasado.
La postura de la ARMH ha generado reacciones diversas en el ámbito político y social.
Mientras algunos sectores defienden la permanencia de los nombres y símbolos asociados a Juan Carlos I como parte de la historia nacional, otros consideran imprescindible su retirada para avanzar en la reparación y reconocimiento de las víctimas del franquismo.
El debate está lejos de resolverse y promete seguir siendo un eje central en la agenda pública, especialmente en fechas conmemorativas como el próximo 30 de octubre.
En conclusión, la exigencia de la ARMH de eliminar todas las referencias a Juan Carlos I en el espacio público español responde a un mandato legal y a una demanda ética de justicia y reparación.
La memoria democrática exige la revisión crítica de los símbolos y nombres que perpetúan la exaltación de la dictadura y sus dirigentes, y la aplicación rigurosa de la ley es el único camino para garantizar una convivencia basada en el respeto a los derechos humanos y la verdad histórica.
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