Todos los frentes abiertos de Ayuso que le dejan en su momento más débil: el bulo de MAR, su novio y los chiringuitos.

 

 

 

 

Se acumulan las polémicas en la Puerta del Sol sin que la dirigente ‘popular’ responda ante ninguna de ellas.

 

 

 

 

 

 

 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

 

 

 

 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visto cómo se le han multiplicado los frentes de batalla en las últimas semanas en asuntos que podrían mellar una credibilidad política que han sostenido, hasta ahora, las mayorías absolutas conseguidas en las urnas.

 

 

 

Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, su pareja, Alberto González Amador, y los delicados asuntos empresariales alrededor del Ejecutivo autonómico son los claros protagonistas.

 

 

 

El primero y más sonado de los frentes de batalla con los que la dirigente capitalina ha tenido que lidiar durante estas semanas ha sido el reconocimiento ante el Tribunal Supremo de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, de que mintió cuando dijo que la Fiscalía y Alberto González Amador habían alcanzado un acuerdo y que venía impulsado “por órdenes de arriba”.

 

 

 

MAR reconoció ante la justicia que aquel mensaje, que difundió en su cuenta de X, se trataba más bien de una suposición que de información real y demostrable que tuviera en su poder.

 

 

Desde el entorno del PP madrileño, no obstante, han cerrado filas con él y han dado el rocambolesco argumento de que “mentir no es un delito”.

 

 

Relacionado con la misma cuestión está el segundo punto.

 

 

La pasada semana, Alberto González Amador fue señalado por el fiscal por presuntas maniobras dilatorias dentro de la primera pieza de investigación en la que aparece acusado de doble fraude fiscal y falsedad documental, según adelantaba elDiario.es.

 

 

 

El empresario presentó un recurso contra la decisión de la anterior jueza instructora de negar una batería de diligencias presentadas por su defensa y que, según argumenta el Ministerio Público, también deben ser rechazadas por la Audiencia Provincial de Madrid.

 

 

 

La investigación de González Amador.

 

 

 

La defensa de González Amador solicitó que declararan en la causa dos testigos y un perito, además de aportar un informe en el que se diera cuenta de que los hechos que se le atribuyen como delictivos al investigado no lo son.

 

 

Entonces, la jueza Inmaculada Iglesias rechazó dichas peticiones por haber sido presentadas fuera del plazo estipulado, es decir, cuando el periodo de investigación finalizó.

 

 

De esta manera, la Fiscalía argumenta que González Amador “tuvo tiempo” de presentar declaraciones en el plazo, puesto que la causa fue incoada el 20 de marzo de 2024 y su prórroga se acuerdo el 7 de marzo de este año, teniendo como plazo hasta el 28 de mayo.

 

 

Más de un año y dos meses. No obstante, incluso más atrás en el tiempo, puesto que el novio de Ayuso tuvo constancia de la apertura del procedimiento inspector de la Agencia Tributaria el 12 de mayo de 2022, concluyendo el mismo el 4 de septiembre de 2023, un periodo de siete meses.

 

 

Por este motivo, la Fiscalía considera que, con estos plazos de tiempo sobre la mesa, González Amador acometió “una maniobra dilatoria que no debe ser aceptada”.

 

 

 

Cabe recordar que la razón de ser de esta primera pieza de investigación judicial se concentra en el fraude a la Agencia Tributaria de 350.951 euros defraudados en los ejercicios de 2020 y 2021 en el concepto de Impuesto de Sociedades, cuando el empresario trató de pagar un tributo inferior al que le correspondía. Sobre el presunto delito de falsedad documental, se refiere a la presentación de facturas que no se correspondían con los servicios que realmente prestó en aquellos ejercicios y que fueron aportados con el objetivo de rebajar la cuota tributaria.

 

 

 

En palabras del Ministerio Público, fueron “unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades”.

 

 

Se sitúa así el acento en la empresa Maxwell Cremona. Cabe recordar que, de manera paralela a la pieza principal de la causa sobre doble fraude fiscal, González Amador también está siendo investigado por presunta corrupción y administración desleal, aún bajo la lupa judicial en proceso.

 

 

 

El bulo de MAR.

 

 

Regresando al bulo de Miguel Ángel Rodríguez, a colación del fraude fiscal de González Amador, el artículo 458 del Código Penal establece que incurrirá en falso testimonio quien, ante autoridad judicial o administrativa, faltare deliberadamente a la verdad.

 

 

 La pena puede oscilar entre seis meses y tres años de prisión, además de una multa económica.

 

 

Sin embargo, los juristas advierten que no toda contradicción o rectificación implica delito: debe demostrarse que existió voluntad consciente de engañar al tribunal y que esa mentira influyó de forma relevante en el procedimiento.

 

 

 

La cuestión es si el propio Rodríguez, al reconocer públicamente haber mentido, ofrece indicios suficientes para que la justicia actúe por iniciativa propia.

 

 

En la práctica, los tribunales no suelen iniciar investigaciones de oficio por falso testimonio salvo en casos de especial gravedad o cuando existe denuncia expresa.

 

 

Y ahí se abre un vacío: el caso no es solo jurídico, sino también político, porque afecta a una figura clave del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

 

 

Madrid Network.

 

 

En tercer lugar, el Tribunal Supremo ha forzado a Isabel Díaz Ayuso a abrir una de las cajas negras más resistentes del aguirrismo: las cuentas de Madrid Network, la entidad público-privada creada por Esperanza Aguirre en 2007 que gestionó casi cien millones de euros públicos y sirvió de trampolín político y económico para nombres como Ayuso, Abascal o Montoro.

 

 

 

La Comunidad de Madrid había intentado mantener en secreto sus memorias durante años, alegando motivos empresariales, hasta que la Justicia ha cerrado la puerta a la opacidad.

 

 

 

Este fallo judicial ha puesto fin a una década de resistencia institucional. Madrid Network, nacida con el supuesto propósito de impulsar la innovación tecnológica y dinamizar el tejido empresarial madrileño, se convirtió con el tiempo en una estructura clientelar financiada con dinero público y sin control parlamentario.

 

 

Su estatuto vinculaba la presidencia al consejero de Hacienda del Gobierno regional, un puesto que en sus inicios ocupaba Antonio Beteta, hombre de confianza de Aguirre y uno de los arquitectos de esta red de poder.

 

 

En apenas cuatro años, el proyecto absorbió más de 80 millones de euros procedentes de un préstamo estatal blando concedido por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que la Comunidad de Madrid debía devolver a plazos.

 

 

 

Sin embargo, desde 2018, el Ejecutivo autonómico dejó de abonar las cuotas de amortización, acumulando un agujero superior a 50 millones de euros que terminó cubriendo el propio erario madrileño.

 

 

En paralelo, la asociación acumulaba impagos, proyectos fallidos y préstamos de dudosa justificación.

 

 

 

Madrid Network fue el gran laboratorio del aguirrismo: un modelo de gestión que mezcló ideología, dinero y lealtades, donde lo público se confundió con lo partidista.

 

 

Ahora, la transparencia impuesta por los tribunales promete arrojar luz sobre lo que fue, en realidad, uno de los mayores chiringuitos políticos de la Comunidad de Madrid y que deja a Isabel Díaz Ayuso con la responsabilidad de rendir cuentas ante ello como presidenta de la Comunidad de Madrid.

 

 

 

Las dudas alrededor de la Fórmula 1.

 

 

En cuanto a la Fórmula 1, cabe recordar que desde la Administración autonómica se hizo una aseveración muy arriesgada: que iba a tener coste cero para las arcas públicas.

 

 

Con el GP todavía en la lontananza (se celebrará en septiembre de 2026), esa afirmación ya se ha incumplido.

 

 

De hecho, tardó un día en incumplirse desde que se dijo con la instalación de unos vinilos decorativos en el Metro de Madrid hace un año.

 

 

Pero eso fue una minucia en comparación con las cantidades de las que se ha empezado a hablar este año.

 

 

Más Madrid, el principal grupo de la oposición, ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que no ha existido una Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria para el proyectado del circuito, que tampoco ha habido previsión de llevar a cabo estudios de salud pública y que tampoco se han enviado notificaciones individuales a los vecinos afectados por el trazado del circuito.

 

 

 

Pero más allá de estos escollos legales, hablemos de dinero: 190 millones de euros.

 

Esa es la estimación de lo que costará finalmente un evento que fue vendido con el mantra de “cero gasto para las arcas públicas”.

 

Los documentos, contratos y convenios que han ido emergiendo contradicen ese relato.

 

El trazado proyectado, con epicentro en IFEMA y rodeando zonas residenciales, escolares y sanitarias, no solo implicará obras millonarias, sino que también repercutirá un canon anual por el alquiler y / o venta de los terrenos cuyo importe no ha sido revelado todavía. 

 

 

IFEMA, organizador principal del evento y financiado en gran parte con dinero público, se ha negado incluso a hacer público el informe de impacto económico que justificaría el proyecto.

 

 

Según adelantó eldiario.es, el estudio de Deloitte, que estima un retorno de 450 millones y la creación de más de 8.000 empleos, permanece oculto alegando “secreto comercial”, una situación que no ha tardado en hacer que afloren las comparaciones con el desastroso Gran Premio de Europa en Valencia, que solamente tuvo cinco ediciones y que comenzó, de igual manera, con la promesa de que no le costaría dinero a los valencianos.

 

 

Más de 300 millones de euros fue el pufo que tuvo que asumir la Generalitat cuando el evento cayó en saco roto.