El Supremo obliga a la Comunidad de Madrid a hacer públicas las cuentas del chiringuito de Ayuso desde el que se pagaba a Montoro.
El alto tribunal ha ratificado que la Comunidad de Madrid debe entregar las memorias anuales de la entidad creada bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 9 de octubre de 2025.
El Tribunal Supremo ha dictado un auto que obliga a la Comunidad de Madrid a hacer públicas las cuentas de la agencia público-privada Madrid Network tras años de bloqueo por parte del Gobierno autonómico.
El auto, fechado el pasado 8 de octubre y al que ha tenido acceso ‘elDiario.es’, inadmite el recurso de casación interpuesto por el Ejecutivo madrileño contra una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de abril, que le había ordenado entregar las memorias anuales de la entidad. Con esta resolución, la obligación de hacer públicos los documentos se convierte en firme.
La historia comenzó en 2011, cuando Esperanza Aguirre transfirió 80 millones de euros a Madrid Network —préstamo concedido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la Comunidad de Madrid— con el propósito de impulsar la I+D+i en la región.
Pero la entidad dejó de cumplir con las devoluciones anuales pactadas y el agujero acumulado ya supera los 50 millones de euros, cargados finalmente al erario regional.
La transparencia tropezó con la estrategia del Gobierno de Ayuso.
Hasta ahora, la Comunidad alegaba que hacer públicas las cuentas “implicaría un daño real, claro y directo sobre los intereses económicos de numerosas empresas citadas” en los documentos de Madrid Network.
El Supremo considera insuficiente esa excusa genérica y subraya que, tratándose de fondos públicos, la publicación “no puede impedirse sin una motivación específica y acreditada del perjuicio concreto” para las empresas implicadas.
El foco se centra además en la vinculación de Madrid Network con el despacho fundado por Cristóbal Montoro, que recibió al menos 1,8 millones de euros de la entidad.
Los datos, ahora ya inamovibles gracias al fallo del Supremo, pueden abrir un camino hacia la explicación de una trama que articula pagos, entidades intermedias y responsables políticos vinculados al PP madrileño.
El Supremo desmonta el argumento de Ayuso: los fondos públicos no pueden ocultarse.
La decisión del Supremo llega en un momento en que la oposición madrileña ha intensificado su presión sobre el Ejecutivo regional.
Desde el PSOE-M han anunciado que acudirán al Tribunal Constitucional para denunciar el bloqueo sistemático de las iniciativas parlamentarias destinadas a investigar la gestión de Madrid Network.
Los socialistas cifran en más de 70 millones de euros la deuda y las ayudas públicas canalizadas hacia esta entidad “sin control ni transparencia”.
Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha tratado de desvincularse de la herencia de Aguirre y sostiene que la actual administración “no puede rendir cuentas de gestiones anteriores” y que el asunto “se encuentra en litigio”.
Sin embargo, la resolución del Supremo deja poco margen de maniobra: el Ejecutivo de Ayuso está obligado a entregar las memorias anuales y a desvelar a qué empresas se destinaron los fondos y en qué condiciones.
El caso reabre así el debate sobre los “chiringuitos” público-privados que operan en la Comunidad de Madrid.
Estas entidades, aunque de naturaleza privada, gestionan recursos públicos y, por tanto, deberían someterse al mismo nivel de control que cualquier organismo dependiente de la Administración.
Madrid Network fue concebida como una red de innovación para conectar empresas y centros de investigación, pero con el tiempo se ha convertido en un símbolo de la falta de fiscalización en la gestión de fondos destinados al desarrollo tecnológico.
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