El juez cita al político del PP García Urbano tras detectar ‘pagos del Ayuntamiento de Estepona a su entorno sin constancia de trabajo real’
Se empiezan a conocer los primeros detalles de las vistas preliminares en el procedimiento judicial contra el alcalde de Estepona, José María García Urbano.
El regidor está acusado de un presunto delito de malversación de fondos públicos.
La fase actual constituye un paso clave antes de que se seleccione el jurado popular y se inicie el juicio en la provincia de Málaga.
El juez ha citado a García Urbano para declarar el 27 de noviembre.
Será una comparecencia en la que se revisarán los indicios, se formalizarán las acusaciones y se debatirá la preparación del jurado ciudadano.
Se trata de un paso previo, pero decisivo, dentro del procedimiento penal.
El caso tiene su origen en unas diligencias que comenzaron por una denuncia por acoso sexual.
Con el tiempo, la investigación cambió de rumbo y se centró en contrataciones dentro del Ayuntamiento.
En ese proceso apareció el nombre de C.P.B., una persona allegada al alcalde.
Los investigadores sospechan que su contratación pudo implicar un uso indebido de dinero público
Origen del caso: De una denuncia por acoso a una investigación por contratación
La historia comenzó cuando C.P.B. declaró como testigo en una causa por acoso sexual.
En ella estaba señalado el alcalde por un supuesto delito de acoso sexual sobre C.P.B y su pareja, un agente de la Policía Local.
Aquella denuncia fue archivada pero su archivo sigue recurrido ante la Audiencia Provincial.
Durante la instrucción, sin embargo, surgieron nuevos indicios.
Los investigadores descubrieron que C.P.B. había sido contratada por el Ayuntamiento durante algunos meses.
El contrato la situaba como personal de confianza, pero no había constancia de trabajo efectivo, ni informes, ni registros de actividad.
Esa contratación se realizó bajo el mandato de García Urbano.
Fue entonces cuando el juez abrió una nueva línea de investigación.
La hipótesis era que se había cometido malversación de caudales públicos.
El magistrado consideró que el contrato pudo tener un único fin: proporcionar un beneficio económico a C.P.B.. Los documentos revisados apuntan a que trabajó menos de dos meses y cobró alrededor de 5.300 euros.
Esa cantidad se pagó con fondos municipales.
Contrataciones investigadas y presunta malversación
La investigación se centra en esa contratación.
En los papeles oficiales, C.P.B. figuraba como responsable de revisar zonas verdes y alumbrado público.
Sin embargo, nadie ha podido acreditar que realizara esas tareas.
No existen registros de asistencia ni informes de trabajo.
El juez y el Ministerio Fiscal sostienen que esos hechos son indicios de malversación de dinero público.
Según el auto, se habría pagado con fondos municipales una función inexistente.
Además, la acusación cree que el alcalde aprovechó su cargo para beneficiar a una persona con la que mantenía una relación de confianza personal.
La defensa del alcalde rechaza esa versión.
Sus abogados afirman que la contratación fue completamente legal.
Alegan que el proceso cumplió con la normativa vigente y que no hubo perjuicio económico para el Ayuntamiento.
Insisten en que el caso se ha politizado.
El Ayuntamiento, por su parte, ha entregado toda la documentación al juzgado.
Mantiene que los contratos fueron regulares y se realizaron conforme a derecho.
Desde el Consistorio se evita hacer declaraciones más amplias hasta que el proceso judicial concluya.
Pese a ello, la situación ha generado inquietud política y atención mediática.
Fase procesal: Qué sucede ahora
El Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona ha fijado la comparecencia de García Urbano para el 27 de noviembre, conforme al artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
Será una vista previa en la que las partes podrán presentar alegaciones.
También servirá para delimitar los hechos y decidir si procede abrir el juicio oral.
Si el juez confirma la apertura del juicio, se iniciará el proceso de selección del jurado popular.
Luego se fijará la fecha del juicio en Málaga, probablemente ante la Audiencia Provincial.
Este paso marcará el futuro judicial del alcalde.
Si el caso prospera, enfrentará uno de los procesos más delicados de su carrera.
García Urbano ocupa la alcaldía desde 2011 y ha revalidado varias mayorías absolutas.
La causa ha tenido una gran repercusión en la Costa del Sol y ha provocado reacciones políticas dentro y fuera del municipio.
La oposición ha pedido que se suspenda temporalmente de sus cargos en organismos supramunicipales.
El Partido Popular, en cambio, mantiene su apoyo al regidor y apela a la presunción de inocencia.
La figura de José María García Urbano ha sido central en la política local malagueña de los últimos años.
Su gestión ha estado ligada al desarrollo urbano y turístico de Estepona.
Sin embargo, este proceso judicial y otros señalamientos han puesto en cuestión su liderazgo.
En el ámbito local, la población sigue el caso con expectación.
Muchos vecinos valoran las mejoras urbanas logradas en los últimos años, pero también muestran preocupación por las consecuencias institucionales del proceso.
El Ayuntamiento continúa su actividad con normalidad, aunque bajo un clima de atención constante.
