El Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha respondido políticamente por sus errores en la gestión de la catástrofe
La negativa a sentarse con la Generalitat y el atasco provocado en los ayuntamientos lastran la recuperación
Militares en la zona cero de la dana el 4 de noviembre de 2024 jaime garcía
La causa judicial abierta tras la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 atribuye a la Generalitat Valenciana la posible responsable penal de los errores en la gestión de la tragedia con 229 muertos en la provincia de Valencia.
Con la normativa en la mano, la Administración autonómica estaba al mando de la crisis y tenía la obligación de proteger a la población advirtiéndola del peligro que corría.
De ahí que la juez de Catarroja que instruye el procedimiento haya rechazado en multitud de ocasiones investigar a cargos del Gobierno central tras las inundaciones y sólo haya imputado a la exconsejera responsable de las emergencias Salomé Pradas y a su entonces ‘número dos’ Emilio Argüeso.
En un plano diferente se sitúa la responsabilidad política. Los dos investigados fueron cesados pocas semanas después de la barrancada. Tras un año esquivando la dimisión, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ahora en funciones, también ha asumido la suya. Sin embargo, el Gobierno central no lo ha hecho.
No sólo por los fallos cometidos el día de autos, sino por las decisiones que a día de hoy siguen siendo un lastre para la reconstrucción de la zona cero.
Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)
La actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha estado en el punto de mira desde el primer momento. Durante las horas críticas -entre las 16.45 y 17.30 ya había muertos por los desbordamientos- nadie estaba mirando a los barrancos, tampoco la CHJ, pese a que había una alerta hidrológica activada desde mediodía en la rambla del Poyo.
La posible rotura de la presa de Forata centró toda la atención de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el órgano que dirigía la crisis, lo que motivó el envío del ES-Alert tardío.
Aunque la vigilancia de los barrancos in situ era competencia de la Generalitat, la CHJ realizaba el seguimiento de los caudales a través del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH).
Si bien es cierto que ofreció datos cada cinco minutos, no avisó del incremento de caudal que se produjo entre el último correo emitido a Emergencias a las 16.13h -en descenso- y las 18.43h, con 1.686 m3/s y en aumento.
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David Maroto
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Técnicos del 112 han apuntado ante la juez que el aviso -con los datos del único punto de control en esa rambla- llegó, pero no supieron interpretar el riesgo de ese nivel de caudal, tarea que debía realizar la Confederación.
Además, no trasladaron el correo al Cecopi porque ya había cinco representantes de este organismo conectados telemáticamente al mismo.
No hubo más advertencias.
De hecho, en su declaración como testigo, el presidente de la CHJ, Miguel Polo, admitió que conocía ese incremento brutal, pero aseveró ante la magistrada que no dijo nada porque el caudal era congruente con lo que estaba ocurriendo y desconocía los otros caudales que acabaron juntándose: a los 1.600 del Poyo, se sumaron los 2.000 de l’Horteta y otros mil del Gallego.
Asimismo, dio por hecho que el Gobierno autonómico ya tenía esa información por otras vías.
Aemet
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sí advirtió de lo extraordinario y la peligrosidad del fenómeno que se avecinaba desde varios días antes y elevó el aviso a rojo a primera hora de la mañana conforme a los protocolos en vigor, que señalan que debe activarse si se supera el umbral -la cantidad mínima- de precipitación de 180 litros por metro cuadrado.
En la localidad valenciana de Turís se acumularon 772, lo que ha abierto el debate sobre la necesidad de revisar esa forma de proceder e instaurar un nivel más de alerta.
Obras en barrancos
Los expertos coinciden en que el impacto de la catástrofe hubiera sido mucho menor si se hubieran ejecutado los múltiples proyectos hidráulicos que había encima de la mesa desde el siglo pasado y que los distintos gobiernos fueron retrasando.
En el centro de todos ellos, el encauzamiento del barranco del Poyo, que junto a sus afluentes causó el mayor número de muertes a su paso por Paiporta o Catarroja.
Si bien no es una responsabilidad que se le pueda achacar en exclusiva al actual Ministerio para la Transición Ecológica por razones obvias, no se han producido avances desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018.
La entonces ministra y ahora comisaria europea Teresa Ribera firmó en 2011 -como secretaria de Estado- la declaración impacto ambiental positiva, que caducó durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Después, hubo que volver a empezar. La CHJ admitió en 2021 la falta de presupuesto para acometer estos trabajos.
A día de hoy, los expedientes relacionados con esta cuenca se encuentran en «un proceso de estudio y actualización» para adaptarlos a la experiencia adquirida y podrían comenzar a tramitarse «a principios» del año que viene.
Un año después, y sin poner todavía ni una piedra, el proyecto más avanzado es el desvío del barranco de la Saleta al nuevo cauce del Turia, demandado por los vecinos de Aldaia desde hace décadas. Se prevé que salga a licitación durante el primer trimestre de 2026.
Emergencia Nacional
La ley de Protección Civil otorga al Ministerio del Interior la potestad de declarar la emergencia de interés nacional -el nivel tres, que habría pasado el mando al Gobierno central- tanto por iniciativa propia como a instancia de la comunidad autónoma afectada.
Aunque la Generalitat no lo solicitó, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tampoco activó esta opción pese a la magnitud de la catástrofe, a la ineficiente respuesta de la Administración autonómica y a que se daban todas los preceptos para ello.
Eso lo condicionó todo y derivó en un retraso de la llegada de la ayuda a la zona cero por la descoordinación entre administraciones.
La polémica frase de Sánchez, «Si necesitan más recursos, que los pidan», se sitúa en este marco en el que la Generalitat, como directora de la emergencia, debía gestionarlo todo.
Tampoco nadie ha respondido por ello.
La llegada tardía de la ayuda a la zona cero
«Las primeras 72 horas son cruciales. El 30 de octubre habían 1.200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazados.
En diciembre, habían 8.000 militares, tardaron un mes en llegar, ¿cuánto cuesta movilizarlos?», aseveró este miércoles el presidente de la Asociación Damnificados DANA Horta Sud, Christian Lesaec, que aglutina a alrededor de 600 afectados.
Durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso, aludió también a la falta de actuación inicial de los cuerpos policiales frente a los saqueos y a la situación de inseguridad que vivieron los municipios durante las primeras noches tras la tragedia.
Coordinación
La falta de colaboración entre administraciones, inmersas en la batalla por el relato político, ha sido una constante en estos doce meses.
Desde poco después de la dana, la Generalitat viene reclamando una comisión mixta con el Gobierno, como la activada tras la tragedia del volcán de la Palma.
El Ejecutivo la sigue rechazando todavía a día de hoy, pese a que las víctimas reclaman más colaboración en las ayudas y en los trabajos de reconstrucción.
La comisionada del Gobierno para la dana, Zulima Pérez, volvió a cerrar la puerta a este espacio de trabajo este viernes al considerar que solo serviría para «la foto».
El ya exvicepresidente valenciano para la reconstrucción Francisco José Gan Pampols hizo mención a ello en su discurso de despedida.
El Gobierno, dijo, «debería haber ejercido la acción de coordinación y no lo ha hecho. Lo ha omitido, abierta y encubiertamente».
Pedro Sánchez no respondió al ofrecimiento de Carlos Mazón para sentarse a hablar y, pese a sus constantes visitas a Valencia, los ministros tampoco han mantenido encuentros con los consellers de cada ramo. Cada Administración sigue su propia hoja de ruta.
Seguridad Nacional
Como viene informando ABC, el Ejecutivo celebró una reunión en La Moncloa durante la noche del 29 de octubre sin la presencia de los órganos cuya intervención establece la ley que regula la gestión de crisis.
De hecho, no participó en ella la directora del Departamento de Seguridad Nacional.
Aunque la normativa establece los pasos a seguir ante una crisis, el Gobierno prefirió improvisar e inventar el formato del comité para diseñarlo a su gusto. Al ser un órgano que no tenía carácter colegiado no se levantaron actas.
No asistieron a este encuentro, ni a los posteriores, perfiles técnicos ni miembros de Sumar, sólo cargos políticos de la confianza de Sánchez, en un episodio que todavía está por aclarar.
Reconstrucción local
El Gobierno movilizó 1.745 millones de euros para rehabilitar o volver a levantar infraestructuras municipales, desde polideportivos hasta bibliotecas.
El dinero está en la caja de los ayuntamientos desde marzo, pero estos no están siendo capaces, ni con su propia plantilla ni con la ayuda de la empresa pública Tragsa, de sacar adelante las inversiones a la velocidad deseada.
Ante las quejas por el atasco burocrático en los consistorios, el Ministerio de Política Territorial, encargado de aprobar las memorias de los proyectos, señaló este viernes que hay más de 400 millones ya tramitados, un 23% del total.
El ritmo es muy desigual entre ayuntamientos.
Los más avanzados alcanzan ya el 40% del importe que se les transfirió. Sin embargo, el plazo para que todo el dinero -que va a poder utilizarse también para comprar suelo en zona inundable y evitar así el uso residencial- esté asignado a un proyecto aprobado termina en febrero.
El importe que no se gaste deberá devolverse con intereses.
En este escenario, los contratistas de obra pública ya advierten de que no habrá maquinaria ni personal para ejecutar todas las obras al mismo tiempo.
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