“Primero fueron los susurros… ahora ya son gritos que resuenan dentro del propio Gobierno.” Algo se está rompiendo en La Moncloa. Las tensiones entre PSOE y Sumar han explotado públicamente y el detonante no ha sido otro que la vivienda, el tema más incendiario del momento. Lo que parecía un debate técnico se ha convertido en una guerra de relatos, de egos… y de supervivencia política. Ministros enfrentados, reproches cruzados y promesas que se desmoronan como castillos de arena. Mientras tanto, millones de españoles siguen preguntándose: 👉 ¿Quién está realmente defendiendo el derecho a un hogar? Y lo más inquietante: 👉 ¿Qué intereses ocultos hay detrás del bloqueo? Fuentes internas aseguran que dos decisiones tomadas en secreto podrían haber desencadenado el caos actual. Decisiones que, de confirmarse, abrirían la puerta a contratos millonarios y ventajas privadas que nadie se atreve a explicar. La fractura ya está a la vista. Y cuando un Ejecutivo comienza a pelearse públicamente… es porque lo peor aún está por llegar|TH

En Moncloa no ha sentado bien que Sumar dirija sus ataques al Ministerio de Vivienda.

La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

El Gobierno de coalición, al que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se refirió como “el Gobierno de corrupción” durante la sesión de control en el Senado, atraviesa uno de sus momentos más tensos por la vivienda.

La crisis se ha agravado tras las declaraciones de la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, quien sugirió la salida de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

“Debería dejar paso a quien quiera aplicar medidas serias, valientes e innovadoras”, afirmó Barbero en rueda de prensa, marcando una clara ruptura con su socio de Gobierno.

A estas palabras se sumó el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, quien sentenció que “su tiempo ha pasado”.

Sin embargo, desde la vicepresidencia de Yolanda Díaz han optado por no respaldar públicamente esas declaraciones, distanciándose parcialmente del conflicto.

Las críticas han causado evidente malestar en el ala socialista del Ejecutivo.

La ministra Rodríguez, visiblemente molesta, respondió desde los pasillos del Senado asegurando que “los grupos tienen que hacer su trabajo para llamar la atención”, dejando entrever que las críticas de Sumar buscan únicamente captar atención mediática y reforzar un electorado debilitado.

Intentando restar importancia al conflicto, Rodríguez añadió: “Lo importante es que estamos trabajando y que este Gobierno tiene muchas cosas que hacer en materia de vivienda”.

No obstante, el choque ya es frontal.

Tras la petición de cese, el PSOE ha contraatacado acusando a Sumar de proponer medidas “inconstitucionales” en materia de vivienda, aunque sin concretar a qué propuestas se refieren.

Los reproches entre socios de coalición trascienden las declaraciones públicas.

En el grupo parlamentario plurinacional que lidera Yolanda Díaz, hay hasta tres portavoces con voz en materia de vivienda: Alberto Ibáñez, Tesh Sidi y Gerardo Pisarello.

Esta multiplicidad de interlocutores complica las conversaciones con el ministerio de Vivienda, destacando la falta de consenso en Sumar.

Hasta ahora, no se habría celebrado ninguna reunión formal entre ambos bloques para abordar medidas en materia de vivienda.

Desde el PSOE exigen “seriedad” y que “se centre el tiro”, en un contexto en el que la vivienda sigue siendo, tras siete años de gobierno de Pedro Sánchez, una de las principales preocupaciones sociales.

En Moncloa no ha sentado bien que Sumar dirija sus ataques al Ministerio de Vivienda.

Critican que el socio minoritario alimente tensiones internas en lugar de cerrar filas frente a una oposición que busca debilitar al Ejecutivo.

“El teléfono de la esperanza”

La creación de una línea telefónica para atender las preocupaciones ciudadanas en materia de vivienda, anunciada por el Gobierno, ha sido objeto de críticas por parte de Sumar.

El partido de Yolanda Díaz ha cuestionado que esta sea “la propuesta estrella” de la ministra Isabel Rodríguez, calificándola irónicamente como “un teléfono de la esperanza”.

Desde el Ministerio de Vivienda defienden la medida, asegurando que responde a una demanda concreta de las asociaciones de inquilinos, que, según explican, están saturadas y no pueden atender el elevado volumen de llamadas que reciben.

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